La ex primera ministra Betssy Ch\u00e1vez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participaci\u00f3n en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la Rep\u00fablica, tal como lo propuso el legislador Roberto S\u00e1nchez. Aunque la Fiscal\u00eda desisti\u00f3 de prolongar su prisi\u00f3n preventiva y el Tribunal Constitucional orden\u00f3 su excarcelaci\u00f3n, la suspensi\u00f3n vigente genera una incompatibilidad constitucional que le proh\u00edbe ejercer cualquier otra funci\u00f3n p\u00fablica. Seg\u00fan el art\u00edculo 92 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, \u00abel mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebeli\u00f3n y conspiraci\u00f3n, representa un obst\u00e1culo insalvable para su reingreso laboral en el \u00e1mbito estatal.<\/p>\n\n\n\n
Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensi\u00f3n no equivale a una inhabilitaci\u00f3n definitiva, pero s\u00ed activa mecanismos de restricci\u00f3n inmediata que impiden su contrataci\u00f3n. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declar\u00f3 que la propuesta de S\u00e1nchez es \u00abrid\u00edcula e inv\u00e1lida\u00bb debido a esta incompatibilidad, argumentando que Ch\u00e1vez mantiene su condici\u00f3n de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos p\u00fablicos hasta su resoluci\u00f3n judicial o reincorporaci\u00f3n. Asimismo, el presidente del Congreso, Jos\u00e9 Jer\u00ed, confirm\u00f3 que \u00ablegalmente no procede\u00bb la contrataci\u00f3n, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensi\u00f3n, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos \u00e9ticos durante procesos penales graves, recordando que Ch\u00e1vez intent\u00f3 disolver el mismo Congreso en 2022.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de que no existe a\u00fan una inhabilitaci\u00f3n formal por 10 a\u00f1os \u2014recomendada por la Subcomisi\u00f3n de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votaci\u00f3n en el Pleno el 1 de octubre\u2014, su eventual aprobaci\u00f3n agravar\u00eda el impedimento, prohibi\u00e9ndole todo cargo p\u00fablico por una d\u00e9cada. La propuesta de S\u00e1nchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N\u00b0 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S\/10,000 mensuales, ha sido calificada de \u00abprovocaci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza Pa\u00eds. Mientras el proceso penal contin\u00faa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contrataci\u00f3n podr\u00eda derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traici\u00f3n al orden constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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