Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendi\u00f3 hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra \u201cactivos cr\u00edticos\u201d, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una \u201cpersecuci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.\u00ba 13048\/2025-CR, la iniciativa propone modificar el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Penal para incorporar una exenci\u00f3n expl\u00edcita por acciones \u201creglamentarias\u201d que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Adem\u00e1s, incluye una disposici\u00f3n transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.<\/p>\n\n\n\n
Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insisti\u00f3 en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a m\u00e1s de 1.300 efectivos. Aleg\u00f3 que dicho grupo vulnera \u201clos derechos humanos de los agentes del orden\u201d, mientras \u2014seg\u00fan dijo\u2014 los \u201cprovocadores de disturbios\u201d permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscal\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensor\u00eda del Pueblo, que registr\u00f3 al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 \u2014incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)\u2014. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 v\u00edctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) report\u00f3 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 \u2014908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022\u2014, mientras que la PNP contabiliz\u00f3 580 agentes heridos al 20 de enero.<\/p>\n\n\n\n
Human Rights Watch y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre \u201cautodefensa\u201d. Ambas entidades alertaron, adem\u00e1s, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayor\u00eda de las 477 protestas registradas fueron pac\u00edficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podr\u00eda derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apur\u00edmac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las v\u00edctimas civiles.<\/p>\n\n\n\n
Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una \u201camnist\u00eda encubierta\u201d que perpet\u00faa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnist\u00eda promulgada en agosto de 2025 \u2014tambi\u00e9n impulsada por Rospigliosi\u2014, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los est\u00e1ndares internacionales que proh\u00edben el perd\u00f3n en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.<\/p>\n\n\n\n
Familiares de v\u00edctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley \u201cborra la responsabilidad del Estado\u201d por las 49 muertes de manifestantes y transe\u00fantes documentadas por la Defensor\u00eda, obstruye el acceso a la justicia y env\u00eda un mensaje fallido respecto a la garant\u00eda de no repetici\u00f3n. Expertos de la ONU y de Amnist\u00eda Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convenci\u00f3n Americana y podr\u00edan agravar la crisis pol\u00edtica, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la ca\u00edda del gobierno de Pedro Castillo Terrones.<\/p>\n\n\n\n
El debate en el Pleno, previsto para las pr\u00f3ximas semanas, podr\u00eda profundizar a\u00fan m\u00e1s la tensi\u00f3n en el pa\u00eds, mientras la rendici\u00f3n de cuentas por estas violaciones contin\u00faa pendiente ante instancias internacionales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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