Lima, 5 de agosto 2026.- El presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental (OEFA), \u00cdtalo Andr\u00e9s D\u00edaz Horna, denunci\u00f3 formalmente haber recibido presiones para presentar su renuncia apenas d\u00edas despu\u00e9s del inicio del nuevo Gobierno. En un oficio dirigido al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, sostiene que funcionarios del Viceministerio de Gesti\u00f3n Ambiental le solicitaron, en tres oportunidades y mediante mensajes de WhatsApp, que deje el cargo, pese a que fue designado por un per\u00edodo legal de cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
En el documento, fechado el 3 de agosto de 2026, D\u00edaz Horna afirma que el pedido carece de motivaci\u00f3n y sustento legal, por lo que rechaza presentar su renuncia. Argumenta que la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA constituye un cargo de designaci\u00f3n o remoci\u00f3n regulada, no de libre remoci\u00f3n, conforme a la Ley del Servicio Civil y a la Ley del Sistema Nacional de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental. Asimismo, solicita el cese inmediato de cualquier presi\u00f3n, el respeto a la autonom\u00eda institucional del organismo y la adopci\u00f3n de acciones administrativas respecto de los funcionarios involucrados.<\/p>\n\n\n\n
El oficio adjunta, adem\u00e1s, un informe t\u00e9cnico de SERVIR, una sentencia judicial y capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que, seg\u00fan el funcionario, respaldan sus afirmaciones. Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente no ha informado p\u00fablicamente si iniciar\u00e1 una investigaci\u00f3n interna ni ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido de la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia adquiere relevancia pol\u00edtica porque se produce durante la primera semana de gesti\u00f3n del Gobierno que asumi\u00f3 funciones el 28 de julio de 2026. De confirmarse los hechos descritos, el caso podr\u00eda reabrir el debate sobre los l\u00edmites de la discrecionalidad pol\u00edtica en la administraci\u00f3n p\u00fablica y el respeto a los cargos cuyo per\u00edodo y causales de remoci\u00f3n se encuentran expresamente regulados por ley.<\/p>\n\n\n\n
Desde una perspectiva institucional, el episodio plantea interrogantes sobre la relaci\u00f3n entre el Poder Ejecutivo y los organismos t\u00e9cnicos especializados. Si bien todo gobierno tiene la potestad de definir prioridades y conformar equipos en los cargos de confianza, los organismos cuyos titulares cuentan con mandatos legales buscan precisamente garantizar continuidad, autonom\u00eda t\u00e9cnica y estabilidad frente a cambios pol\u00edticos. Cualquier intento de apartar a estos funcionarios fuera del procedimiento establecido podr\u00eda generar cuestionamientos sobre la seguridad jur\u00eddica y la independencia institucional.<\/p>\n\n\n\n
El caso tambi\u00e9n representa una primera prueba para la nueva administraci\u00f3n en materia de gobernanza p\u00fablica. M\u00e1s all\u00e1 de la veracidad de las denuncias \u2014que deber\u00e1 ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes\u2014, la ausencia de una respuesta oficial r\u00e1pida podr\u00eda afectar la percepci\u00f3n de transparencia y respeto por el Estado de derecho. El desarrollo de este caso ser\u00e1 determinante para evaluar si el nuevo Gobierno privilegia mecanismos institucionales y el debido proceso en la conducci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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