Jun\u00edn, 8 de agosto 2026.- Las comunidades campesinas de Jun\u00edn han vuelto a poner en el centro del debate la defensa del agua frente a la actividad minera. En Concepci\u00f3n, la Comunidad Campesina de Mariscal Castilla mantiene sus denuncias contra actividades vinculadas a Chaska II, a las que atribuye una presunta contaminaci\u00f3n del r\u00edo Tulumayo y operaciones que considera no autorizadas. El caso fue incorporado por la Defensor\u00eda del Pueblo como conflicto socioambiental en enero de 2026, aunque las denuncias comenzaron en 2025, cuando los comuneros exigieron fiscalizaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n de la calidad del agua y suspensi\u00f3n de las actividades cuestionadas.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto se agrav\u00f3 con la emergencia del r\u00edo Yuracyacu, en Pariahuanca. A fines de abril murieron cerca de 120 toneladas de truchas en siete criaderos, ocasionando p\u00e9rdidas estimadas entre 5 y 6 millones de d\u00f3lares. Dos semanas despu\u00e9s, un an\u00e1lisis qu\u00edmico-toxicol\u00f3gico de la Polic\u00eda Nacional confirm\u00f3 la presencia de cianuro en el agua y en las truchas muertas y descart\u00f3 otros agentes t\u00f3xicos como pesticidas y raticidas. Las autoridades inspeccionaron la unidad minera Oro Negro, inscrita en el REINFO y ubicada en la parte alta de la cuenca, y se mantuvo la prohibici\u00f3n de utilizar el agua del r\u00edo para consumo humano, riego y piscicultura.<\/p>\n\n\n\n
La magnitud del problema llev\u00f3 a los dirigentes de Pariahuanca hasta Lima, a comienzos de junio, para exigir sanciones y remediaci\u00f3n. Seg\u00fan cifras del propio Gobierno Regional de Jun\u00edn, en la cabecera del Yuracyacu existir\u00edan 18 concesiones mineras tituladas, 16 en tr\u00e1mite y 6 inscritas en el REINFO. Para las comunidades, el problema ya no ser\u00eda \u00fanicamente una operaci\u00f3n minera, sino el riesgo de que m\u00faltiples actividades extractivas comprometan las fuentes de agua de toda la cuenca.<\/p>\n\n\n\n
El 18 de junio, alrededor de 500 pobladores, seg\u00fan la posterior disposici\u00f3n fiscal, bloquearon los accesos al Gobierno Regional de Jun\u00edn para exigir una reuni\u00f3n con el gobernador Z\u00f3simo C\u00e1rdenas. La Polic\u00eda utiliz\u00f3 bombas lacrim\u00f3genas para dispersarlos, pero la protesta continu\u00f3 durante m\u00e1s de 30 horas, hasta que representantes de las comunidades suscribieron un acta de compromisos con la vicegobernadora Milagros Inche. C\u00e1rdenas, que no estuvo presencialmente, ratific\u00f3 los acuerdos por v\u00eda telef\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n
Entre los compromisos figuraba impulsar una ordenanza regional para declarar de inter\u00e9s regional la protecci\u00f3n de las cabeceras de los r\u00edos Yuracyacu, Shullcas, Tulumayo y Achamayo, adem\u00e1s de revisar concesiones mineras y registros REINFO, fortalecer la vigilancia sanitaria y apoyar a los piscicultores afectados. Sin embargo, la promesa encontr\u00f3 un freno en el propio Consejo Regional de Jun\u00edn. A comienzos de julio, solo tres consejeros respaldaron su aprobaci\u00f3n inmediata y la mayor\u00eda decidi\u00f3 enviarla durante 30 d\u00edas adicionales a la Comisi\u00f3n de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la espera de informes de la ANA, MINAM y SERNANP.<\/p>\n\n\n\n
La sesi\u00f3n estuvo marcada adem\u00e1s por la intervenci\u00f3n de abogados que se presentaron como representantes de empresas mineras de la zona, entre ellas Oro Negro. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Y\u00e1\u00f1ez, cuestion\u00f3 la postergaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que la intervenci\u00f3n privada gener\u00f3 dudas entre los consejeros, pese a que el equipo t\u00e9cnico hab\u00eda calificado la protecci\u00f3n de las cabeceras como un asunto urgente y emergente. As\u00ed, m\u00e1s de un mes despu\u00e9s del acuerdo con las comunidades, la protecci\u00f3n formal de las cuencas contin\u00faa pendiente.<\/p>\n\n\n\n
La respuesta estatal tambi\u00e9n abri\u00f3 otro frente. Semanas despu\u00e9s de la protesta, la Fiscal\u00eda Provincial Penal de Huancayo inici\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar contra el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, y otros cinco dirigentes por el bloqueo de los accesos al Gobierno Regional. Para las organizaciones campesinas, la situaci\u00f3n resulta preocupante: mientras los dirigentes que protestaron son investigados, hasta la fecha no existen responsables identificados por la contaminaci\u00f3n con cianuro denunciada en el Yuracyacu.<\/p>\n\n\n\n
El problema alcanza tambi\u00e9n al Gobierno Nacional. En mayo, la Comisi\u00f3n de Pueblos Andinos, Amaz\u00f3nicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecolog\u00eda del Congreso abord\u00f3 formalmente la contaminaci\u00f3n del Yuracyacu y solicit\u00f3 informes al OEFA y la ANA. La comisi\u00f3n calific\u00f3 el hecho como una tragedia ambiental y cuestion\u00f3 que ninguna autoridad hubiera asumido hasta entonces responsabilidad pol\u00edtica o administrativa. En paralelo, la Defensor\u00eda ya hab\u00eda advertido desde 2025 la necesidad de una supervisi\u00f3n conjunta en el Tulumayo con participaci\u00f3n de la DREM Jun\u00edn, la autoridad del agua, la municipalidad y representantes comunales, diligencia que fue reprogramada por problemas de notificaci\u00f3n a la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Tulumayo y Yuracyacu muestran as\u00ed un conflicto que crece m\u00e1s all\u00e1 de una comunidad y una empresa: las organizaciones campesinas est\u00e1n defendiendo las cabeceras de cuenca como fuente de agua, agricultura y vida. Mientras el Consejo Regional posterga la ordenanza, la Fiscal\u00eda investiga a dirigentes y el Gobierno Nacional contin\u00faa procesando informes y pedidos institucionales, las comunidades exigen algo concreto: que el Estado fiscalice antes de que tengan que salir a protestar y que proteja el agua antes de que el da\u00f1o sea irreversible. Para los pueblos de Jun\u00edn, el mensaje es claro: \u201cPrimero el agua. Despu\u00e9s discutimos la miner\u00eda\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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