Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Econom\u00eda y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirm\u00f3 que se impugnar\u00e1n las normas que otorgan gratificaciones y CTS al r\u00e9gimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del r\u00e9gimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y polic\u00edas. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la ofensiva no es homog\u00e9nea. El MEF interpondr\u00e1 directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones \u201432581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)\u2014 ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Per\u00fa, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constituci\u00f3n para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n
La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a m\u00e1s de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglament\u00f3 el pago de forma gradual: este a\u00f1o equivale al 10 % de la remuneraci\u00f3n (m\u00ednimo S\/300) y subir\u00e1 hasta el 100 % reci\u00e9n en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S\/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.<\/p>\n\n\n\n
Esta gradualidad ya provoc\u00f3 el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a m\u00e1s de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el esp\u00edritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisi\u00f3n del Ejecutivo y el gremio ya anunci\u00f3 movilizaciones para exigir el pago \u00edntegro. Para ellos, no es un tema t\u00e9cnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.<\/p>\n\n\n\n
La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensi\u00f3n de maestros jubilados con la Remuneraci\u00f3n \u00cdntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S\/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S\/8.000 millones. El reglamento a\u00fan no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento \u00abla norma nace muerta\u00bb y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.<\/p>\n\n\n\n
La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del r\u00e9gimen 276 en regiones, con un costo estimado de S\/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Per\u00fa, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas t\u00e9cnicas con el MEF y defienden la homologaci\u00f3n. El Congreso modific\u00f3 en marzo pasado algunos art\u00edculos y estableci\u00f3 un nuevo plazo para su reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y polic\u00edas. El Consejo Fiscal estima su impacto en S\/46.000 millones en valor presente \u2014compromisos futuros, no un desembolso anual\u2014. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y cont\u00f3 con el impulso del congresista Jos\u00e9 Cueto, quien la defendi\u00f3 como una reforma de largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el d\u00e9ficit fiscal podr\u00eda saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda p\u00fablica y el riesgo pa\u00eds. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: \u00bfpuede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante a\u00f1os reg\u00edmenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigm\u00e1tico: fue el expresidente Jos\u00e9 Mar\u00eda Balc\u00e1zar quien promulg\u00f3 la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.<\/p>\n\n\n\n
El escenario es, as\u00ed, una batalla por los l\u00edmites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La \u00faltima palabra la tendr\u00e1 el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptar\u00e1n que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontaci\u00f3n, advierten, podr\u00eda volver a las calles en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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