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Pobladores de Alto Huallaga expulsan a Minera Huallaga por contaminación y daños ambientales

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La lucha por la supervivencia de los ecosistemas y la salud de miles de personas en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, dio un giro drástico esta semana, cuando los pobladores de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo decidieron tomar la justicia en sus propias manos ante la inacción del Estado. En un acto de desesperación y cansados de las promesas incumplidas de las autoridades, los habitantes de estos distritos expulsaron a los trabajadores y maquinarias de la minera Huallaga SAC, acusada de causar graves daños a la flora, fauna y las fuentes de agua en la región.

Durante dos noches consecutivas, la población se autoconvocó y se dirigió hacia las cuencas de los ríos Almendra y Libertad, donde la minera operaba de manera ilegal, extrayendo oro a gran escala. En una de las intervenciones, los vecinos lograron que las retroexcavadoras abandonaran la zona, escoltando las maquinarias hasta la Carretera Marginal. Los pobladores, visiblemente indignados, advirtieron que no tolerarán el regreso de la minera, que ya había sido objeto de una intervención fiscal en 2023, pero que de manera desafiante, había reanudado sus actividades con los mismos equipos. Como podemos ver a los pobladores de Santo Domingo de Anda, Sector Árabe y aledaños en el siguiente link https://acortar.link/nEIPCh publicado por Radio Luz de Aucayacu.

El conflicto se ha intensificado debido a la continua destrucción de los recursos naturales de la región. Según los denunciantes, las actividades mineras han alterado el cauce de los ríos, contaminando el agua con mercurio y poniendo en grave peligro la vida de miles de personas que dependen de estos recursos. En particular, los agricultores, pescadores y las comunidades locales se enfrentan a una crisis ecológica que amenaza no solo sus medios de vida, sino su salud.

Tardía reacción del Gobierno Regional de Huánuco ante la minería de Alto Huallaga

La minería ilegal y la falta de control estatal han devastado los cultivos agrícolas que son el sustento de estas comunidades. Cacao, plátano, arroz y café – productos vitales para la economía local – se han visto gravemente afectados por la contaminación del agua y el desvío de los ríos. Elena Encarnación, agricultora de la zona, denuncia: “Nos roban el agua y la vida. La minería está destruyendo nuestras cosechas y, con ellas, nuestras familias”.

El daño no solo es ambiental, sino también social y económico. En Pueblo Nuevo, las concesiones mineras se otorgan sin consulta previa a la población, violando principios básicos de participación comunitaria y afectando a los agricultores que luchan por mantener sus tierras productivas. Carlos Álvarez, poblador de la zona, asegura que la situación es crítica: «Nos están quitando el agua, nos están matando», refiriéndose a la contaminación de los cuerpos de agua con mercurio, un veneno utilizado en la minería aurífera que amenaza no solo la salud humana, sino también los ecosistemas acuáticos.

Los piscicultores tampoco son ajenos a esta tragedia. Jhon Pullido, gerente de una empresa piscícola en el sector de Villasol de Arabe, denuncia cómo los desvíos de los ríos han afectado gravemente la producción de peces. “Nuestros ríos se están secando, y la gente está perdiendo todo. Este es un alimento vital para las familias, y la minería está acabando con eso”, señala.

Evidente el daño ambiental que vienen generando y la contaminación de los recursos hídricos

La situación en Alto Huallaga es la consecuencia de años de desregulación, indiferencia estatal y de la creciente expansión de la minería sin ningún control ambiental efectivo. En 2023, la Fiscalía de la provincia de Leoncio Prado intervino las maquinarias de la Minera Huallaga debido a la destrucción del ecosistema, pero a pesar de las promesas de no devolverlas a la empresa, los equipos fueron regresados meses después. Esta descoordinación entre las autoridades y la falta de sanciones efectivas han permitido que la minera continúe con sus operaciones destructivas.

El año 2024 ha sido el de la gota que colmó el vaso. En medio de la crisis ambiental, el Consorcio Río Huallaga, una iniciativa pública privada, ha presentado un proyecto para la defensa ribereña del río Huallaga y el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Tingo María, lo que podría ser un intento tardío de mitigar los daños en la región. Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas serán suficientes o si, al igual que las intervenciones fiscales, se quedarán en el papel mientras las comunidades siguen sufriendo.

La lucha de los pobladores de Alto Huallaga es un llamado de alerta. La minería ilegal, sumada a la falta de regulación y la indiferencia de las autoridades, está destruyendo no solo la naturaleza, sino también la vida de miles de peruanos. ¿Cuánto más tendrán que esperar estas comunidades para que sus voces sean escuchadas? ¿Hasta cuándo el oro seguirá arrasando con el futuro de las familias en Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo? El tiempo corre, y el grito de auxilio sigue sin respuesta.

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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

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Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.

La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

Luego del escándalo de la red de prostitución renunció a APP el alcalde de Magdalena, Francis Allison

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.

El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

La alianza férrea con el régimen de Dina Boluarte que tiene denuncias por delitos de lesa humanidad

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.

El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.

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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

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El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.

En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.

Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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