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Minería

Tensión en Perú por Ley MAPE: Mineros artesanales rechazan iniciativa del Gobierno

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La reciente presentación del Proyecto de Ley 9555/2024-PE, conocida como la Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal), ha desatado una fuerte controversia en Perú. El Gobierno, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, envió la propuesta al Congreso de la República el pasado jueves con carácter de «muy urgente», buscando dar un marco normativo que promueva la formalización del sector minero.

Sin embargo, la reacción de los mineros artesanales no se ha hecho esperar. En las afueras del Congreso, grupos de mineros han protestado durante varios días consecutivos, rechazando la iniciativa que, según ellos, podría llevar a la ilegalidad a cientos de miles de familias que dependen de esta actividad.

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es la eliminación del Decreto Legislativo N.º 1351, el cual exime de responsabilidad penal a los mineros que se inscriben en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A partir del 31 de diciembre de 2024, los mineros que no logren completar su proceso de formalización perderían el beneficio de esta exoneración, lo que podría implicar graves consecuencias legales para muchos trabajadores informales.

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, defendió en el Congreso el proyecto de Ley presentado por el régimen de Dina Boluarte

Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, defendió el proyecto asegurando que la eliminación de la exoneración tiene como objetivo evitar que los mineros informales se escuden bajo el Reinfo para continuar con actividades ilegales. Además, destacó que los mineros inscritos en el registro tendrán un plazo de seis meses adicionales para completar su formalización antes de que el proceso se derive al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, los gremios de mineros han cuestionado duramente la propuesta, argumentando que no resuelve los problemas estructurales de la formalización y que podría empujar a una mayor clandestinidad del sector. Asimismo, se dejó entrever que dicho proyecto buscaría favorecer a las mineras transnacionales que vienen saqueando el Perú, contaminando los recursos hídricos, el luego y las personas, sin que el Estado pueda sancionar.

El debate sobre la Ley MAPE ha generado una serie de reacciones políticas. Algunos congresistas, como Arturo Alegría de Fuerza Popular, han calificado el proyecto como insuficiente y han impulsado una moción de censura contra el ministro Mucho, acusándolo de no abordar los problemas clave como la trazabilidad de los recursos y el control del uso de explosivos en actividades ilegales. Alegría subrayó que la situación de la minería informal ha sido desatendida por más de dos décadas y que el actual proyecto solo pospone una solución efectiva para el próximo gobierno.

Los mineros artesanales del Perú temen perder la actividad principal de sustento familiar

Por su parte, exministros como Carlos Herrera Descalzi han señalado que aunque la propuesta de ley introduce mejoras, sigue sin abordar la capacidad del Estado para fiscalizar eficazmente el sector y las graves implicancias que tiene la minería ilegal, especialmente en regiones como Madre de Dios y Puno, donde la informalidad ha crecido vertiginosamente en los últimos años.

El Proyecto de Ley MAPE tiene como uno de sus objetivos centrales la regularización de la minería artesanal mediante la simplificación de procesos administrativos y la implementación de tecnologías más limpias y sostenibles. El gobierno también ha propuesto la creación de zonas exclusivas para la minería artesanal y pequeña minería, con la intención de organizar y fomentar un desarrollo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

Los siguientes días los mineros podrían continuar con el bloqueo de vías en el sur del Perú

Sin embargo, la resistencia de los mineros artesanales, que ven en esta ley una amenaza a sus medios de subsistencia, pone de manifiesto las dificultades para lograr una formalización efectiva. Según Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la norma ofrece un plazo razonable de seis meses para culminar los trámites, pero advierte que la medida debe garantizar que no se excluyan a los mineros que realmente desean formalizarse y que se pongan barreras a los actores ilegales que se escudan bajo el proceso.

El gobierno peruano enfrenta un delicado balance entre regularizar la minería informal y proteger los intereses de miles de familias que dependen de esta actividad. Si bien la Ley MAPE busca avanzar en una mayor formalización y desarrollo sostenible, el camino hacia su implementación está lleno de incertidumbres, tensiones y la necesidad de una mayor fiscalización y recursos por parte del Estado.

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