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Reacciones divididas y temores de represi\u00f3n social<\/strong><\/p>\n\n\n\n Gustavo Minaya, dirigente de la Confederaci\u00f3n General de Trabajadores (CGTP), cuestion\u00f3 el verdadero prop\u00f3sito de la ley, se\u00f1alando que el gobierno estar\u00eda utilizando la crisis de seguridad para \u00abcriminalizar las protestas sociales\u00bb. \u201cUna ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad\u201d, sentenci\u00f3 Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.<\/p>\n\n\n\n El Comit\u00e9 de Gremios, que agrupa a m\u00e1s de 30 organizaciones de transportistas, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirti\u00f3 que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el pr\u00f3ximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n Cr\u00edticas desde el \u00e1mbito acad\u00e9mico y judicial<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desde la academia, el profesor de derecho penal Jos\u00e9 Urquizo se\u00f1al\u00f3 que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al \u00e1mbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. \u201cEl derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad p\u00fablica con simples aumentos de penas\u201d, afirm\u00f3, subrayando que la soluci\u00f3n pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboraci\u00f3n entre las autoridades judiciales y policiales.<\/p>\n\n\n\n El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidi\u00f3 con Urquizo y asegur\u00f3 que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Seg\u00fan Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.<\/p>\n\n\n\n Una ley con tinte pol\u00edtico y consecuencias peligrosas<\/strong><\/p>\n\n\n\n A pesar de las \u201cbuenas intenciones\u201d que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo pol\u00edtico para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores cr\u00edticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como \u201cextorsi\u00f3n\u201d acciones t\u00edpicas de las manifestaciones p\u00fablicas, como la ocupaci\u00f3n de v\u00edas o la interrupci\u00f3n de servicios. Esta ampliaci\u00f3n del concepto de terrorismo urbano podr\u00eda afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su leg\u00edtimo derecho a la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte tambi\u00e9n ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calific\u00f3 la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadan\u00eda. La ambig\u00fcedad de t\u00e9rminos como \u00abperturbar el normal funcionamiento\u00bb deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, seg\u00fan Palacios, buscan reprimir protestas leg\u00edtimas bajo el manto de \u201cterrorismo\u201d. \u00abEl nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/em>\u00bb enfatiz\u00f3 Palacios.<\/p>\n\n\n\n La presentaci\u00f3n de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los l\u00edmites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece m\u00e1s orientado a la represi\u00f3n de la protesta social que a una soluci\u00f3n integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podr\u00eda erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Fuentes: Webs y redes de noticias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de \u00abterrorismo urbano\u00bb, ha generado una oleada de cr\u00edticas y oposici\u00f3n por parte de amplios sectores de la sociedad peruana. La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y cadena perpetua en casos […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":2207,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[183,174,180],"tags":[855,856,857,854,853],"class_list":["post-2206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-nacional","category-politica","tag-criminalidad","tag-extorsion","tag-gobierno","tag-proyectodeley","tag-terrorimosurbano"],"yoast_head":"\n![\"\"](\"https:\/\/pulso27.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/image-3.png\")
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