La requisa efectuada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Barbadillo los d\u00edas 8 y 9 de febrero de 2026, que expuso la existencia de electrodom\u00e9sticos y equipos electr\u00f3nicos de uso personal en las celdas de ex presidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Mart\u00edn Vizcarra y Alejandro Toledo, ha sido difundida de forma inmediata y con amplio despliegue medi\u00e1tico. Si bien el INPE present\u00f3 el operativo como una acci\u00f3n rutinaria para hacer cumplir el reglamento penitenciario \u2014que restringe estrictamente el ingreso de bienes individuales no autorizados\u2014, su coincidencia temporal con los esc\u00e1ndalos que afectan al presidente interino Jos\u00e9 Jer\u00ed genera interrogantes sobre la neutralidad de la instituci\u00f3n y el posible uso pol\u00edtico de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde el punto de vista constitucional, el Ejecutivo administra el sistema penitenciario a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia, pero debe actuar con estricta sujeci\u00f3n a la ley y sin incurrir en interferencias que vulneren la separaci\u00f3n de poderes (art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n). La exposici\u00f3n selectiva de im\u00e1genes y detalles de las celdas \u2014incluyendo refrigeradoras, microondas, televisores y bicicletas est\u00e1ticas\u2014 podr\u00eda contravenir el derecho a la intimidad de los internos (art\u00edculo 2, inciso 7) y el principio de reserva en ciertas actuaciones administrativas, al tiempo que genera un juicio p\u00fablico sin proceso formal. Esta pr\u00e1ctica, si responde a instrucciones con motivaci\u00f3n pol\u00edtica, compromete la imparcialidad que debe regir toda funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Jur\u00eddicamente, el reglamento del INPE proh\u00edbe expresamente el uso individual de aparatos electr\u00f3nicos salvo autorizaci\u00f3n expresa del Consejo T\u00e9cnico Penitenciario, pero la requisa no ha derivado \u2014hasta el momento\u2014 en sanciones inmediatas ni en procedimientos disciplinarios transparentes contra quienes permitieron previamente dichos bienes. En su lugar, la difusi\u00f3n masiva de los hallazgos ha creado un escenario de prejuzgamiento que afecta la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a la igualdad ante la ley (art\u00edculo 2, inciso 2). Si se demuestra que el operativo o su amplificaci\u00f3n medi\u00e1tica obedecen a fines distintos al control penitenciario, podr\u00eda configurarse una infracci\u00f3n al art\u00edculo 146 de la Constituci\u00f3n, que exige independencia y exclusividad en el ejercicio de funciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
En un contexto de profunda crisis institucional \u2014marcado por la sucesi\u00f3n presidencial acelerada, la persistencia de la violencia y el sicariato en Lima y otras ciudades, y la baja aprobaci\u00f3n del Ejecutivo\u2014, el empleo de temas penitenciarios como elemento de distracci\u00f3n representa un retroceso en el Estado de derecho. La Constituci\u00f3n obliga al Estado a promover el bienestar general fundado en la justicia (art\u00edculo 44), no en maniobras que profundicen la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han sostenido en reiterada jurisprudencia que cualquier intromisi\u00f3n en competencias ajenas altera el equilibrio de poderes; por ello, resulta indispensable una investigaci\u00f3n independiente sobre el origen, la ejecuci\u00f3n y la difusi\u00f3n de esta requisa.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n actual evidencia la fragilidad del orden constitucional en Per\u00fa, donde la polarizaci\u00f3n y la inestabilidad facilitan el uso instrumental de dependencias estatales para fines coyunturales. Restablecer la credibilidad institucional exige que el Ejecutivo se someta rigurosamente a la norma, evite instrumentalizar entidades como el INPE y permita que los \u00f3rganos de control \u2014Fiscal\u00eda, Contralor\u00eda y Congreso\u2014 act\u00faen sin presiones externas. De persistir estas pr\u00e1cticas, se perpetuar\u00e1 un ciclo de descr\u00e9dito que socava los fundamentos mismos de la democracia representativa y el Estado de derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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