{"id":8602,"date":"2026-08-10T02:32:53","date_gmt":"2026-08-09T21:32:53","guid":{"rendered":"https:\/\/pulso27.com\/?p=8602"},"modified":"2026-08-10T02:32:56","modified_gmt":"2026-08-09T21:32:56","slug":"coroccohuayco-glencore-no-logra-cerrar-una-decada-de-conflicto-en-espinar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pulso27.com\/es\/actualidad\/ambiente\/coroccohuayco-glencore-no-logra-cerrar-una-decada-de-conflicto-en-espinar\/","title":{"rendered":"Coroccohuayco: Glencore no logra cerrar una d\u00e9cada de conflicto en Espinar"},"content":{"rendered":"\n

Espinar, 9 de agosto de 2026.<\/strong>– A 4.500 metros de altura, donde el agua vale m\u00e1s que el mineral, una inversi\u00f3n de US$ 1.800 millones reaviv\u00f3 una disputa de m\u00e1s de diez a\u00f1os. La Segunda Modificaci\u00f3n del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Coroccohuayco, aprobada el 20 de mayo de 2026 por el SENACE mediante la Resoluci\u00f3n Directoral N.\u00b0 00079-2026-SENACE-PE\/DEAR, no cerr\u00f3 el debate: lo intensific\u00f3. El proyecto de Compa\u00f1\u00eda Minera Antapaccay S.A. (Glencore) busca elevar la producci\u00f3n del cl\u00faster a 300.000 toneladas de cobre anuales y extender la operaci\u00f3n hasta 2040, pero las comunidades de Pallpata, Condoroma, Ocoruro y Alto Pichigua ven en esta aprobaci\u00f3n una nueva etapa de un litigio sin resolver.<\/p>\n\n\n\n

Coroccohuayco se ubica a 10 kil\u00f3metros de la operaci\u00f3n actual de Antapaccay, dentro del complejo minero Antapaccay\u2013Tintaya, y contempla tajo abierto, labores subterr\u00e1neas, modificaciones en los tajos norte y sur de Tintaya, ampliaci\u00f3n de botaderos y reactivaci\u00f3n de componentes existentes. Glencore destaca que la integraci\u00f3n permitir\u00e1 aprovechar infraestructura existente y evitar una nueva planta concentradora. Los n\u00fameros que maneja la empresa son contundentes: m\u00e1s de 4.500 empleos directos actualmente, compras locales superiores a S\/ 300 millones en Espinar durante 2024, con un 39% de componente local, y una demanda creciente de operadores, t\u00e9cnicos e ingenieros. Sin embargo, el expediente ambiental y el historial de fiscalizaci\u00f3n revelan una realidad m\u00e1s compleja.<\/p>\n\n\n\n

Para las comunidades, el eje del conflicto no es la inversi\u00f3n: es el agua. Desde la etapa de exploraci\u00f3n, comuneros han denunciado la reducci\u00f3n o desaparici\u00f3n de manantes y la aparici\u00f3n de filtraciones vinculadas a perforaciones. En julio de 2021, en una carta dirigida al entonces presidente Francisco Sagasti, reportaron 58 zonas con disminuci\u00f3n de caudal o p\u00e9rdida de manantes y tres \u00e1reas de afloramiento de aguas que consideraban potencialmente contaminadas. Tambi\u00e9n denunciaron un t\u00fanel desde donde se bombeaba agua hacia camiones mineros, con ruido y afectaciones que, seg\u00fan los comuneros, impactaban en animales y actividades agropecuarias. El propio expediente ambiental reconoce condiciones de suelo predominantemente \u00e1cido y una problem\u00e1tica de disponibilidad de agua para riego durante la \u00e9poca seca.<\/p>\n\n\n\n

Glencore, por su parte, sostiene que utiliza principalmente agua reciclada y que, en temporada seca, recurre a sumideros para extraer agua. Kalidas Madhavpeddi, presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, afirm\u00f3 en 2024 que las comunidades cercanas usan agua de manantial y que, desde la perspectiva de la empresa, no existe relaci\u00f3n entre esas fuentes y el agua utilizada por la mina. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n afirma que la calidad del aire es monitoreada constantemente y reportada al Gobierno. Pero entre ambas versiones contrapuestas, hay un organismo de fiscalizaci\u00f3n que ha documentado problemas concretos.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2022 y 2023, el Organismo de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental (OEFA) identific\u00f3 impactos vinculados con agua, aire y vegetaci\u00f3n: l\u00edquidos procedentes del Botadero Sur que alcanzaban el r\u00edo Chalchamayo; niveles de toxicidad en el r\u00edo Ccoloyo que afectaban la vida acu\u00e1tica; concentraciones elevadas de molibdeno, sulfatos y cobre en vegetaci\u00f3n utilizada para alimentar ganado; y superaciones de los est\u00e1ndares ambientales para PM10 en localidades evaluadas. El historial sancionador es extenso: entre 2015 y 2021 se registraron 15 resoluciones de sanci\u00f3n contra Antapaccay, cinco de ellas con multas que sumaron S\/ 382.663.<\/p>\n\n\n\n

Las decisiones m\u00e1s recientes son las que mayor peso tienen en el debate actual. En 2025 y 2026, el OEFA emiti\u00f3 resoluciones que establecieron responsabilidades administrativas y medidas correctivas. Una de ellas impuso una multa de aproximadamente S\/ 5,57 millones por no aplicar medidas destinadas a reducir el impacto del material particulado sobre la flora y fauna de la comunidad de Alto Huarca. El dato es revelador: la discusi\u00f3n sobre Coroccohuayco no ocurre sobre un territorio ambientalmente neutro, sino sobre una zona donde la autoridad fiscalizadora ya ha encontrado impactos, incumplimientos y responsabilidades administrativas.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los puntos m\u00e1s \u00e1lgidos de la controversia es la delimitaci\u00f3n del \u00e1rea de influencia directa del proyecto. Dirigentes de Pallpata sostienen que alrededor de diez comunidades no fueron consideradas dentro de esa categor\u00eda en la Segunda Modificaci\u00f3n del EIA. La distinci\u00f3n no es menor: ser reconocido como parte del \u00e1rea de influencia determina c\u00f3mo se identifican los impactos ambientales, sociales, econ\u00f3micos y sanitarios, y qu\u00e9 medidas de prevenci\u00f3n, mitigaci\u00f3n o compensaci\u00f3n pueden exigirse. Este reclamo no es nuevo: desde 2018, representantes de distritos como Chorrillo, Huacroyuta, Huarcapata, Pallpata y Canlletera solicitaron al SENACE y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ser incluidos en el \u00e1rea de influencia directa, argumentando su cercan\u00eda con el proyecto.<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2020, m\u00e1s de una docena de comunidades iniciaron un paro exigiendo la nulidad de la resoluci\u00f3n que aprobaba la MEIA y cuestionando, entre otros aspectos, el derecho a la consulta previa. La aprobaci\u00f3n de mayo de 2026, lejos de apaciguar los \u00e1nimos, reactiv\u00f3 la protesta. El componente de derechos colectivos permanece abierto. El Ministerio de Energ\u00eda y Minas (MINEM) inform\u00f3 la culminaci\u00f3n del proceso de consulta previa con la comunidad de Huano Huano, con 24 acuerdos alcanzados despu\u00e9s de cinco a\u00f1os de di\u00e1logo. Pero otro proceso judicial arroj\u00f3 un resultado en sentido contrario.<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2025, la Sala Mixta de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco determin\u00f3 que Antapaccay y el Estado hab\u00edan vulnerado derechos fundamentales de la comunidad campesina de Huisa relacionados con consulta previa, territorio y autodeterminaci\u00f3n. La sentencia no anul\u00f3 las concesiones mineras, pero orden\u00f3 una consulta posterior. Mientras tanto, una acci\u00f3n constitucional presentada por comuneros de Espinar sufri\u00f3 sucesivas reprogramaciones judiciales entre 2025 y 2026. La justicia, al igual que la administraci\u00f3n ambiental, no ha logrado cerrar el conflicto.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n revela un elemento que suele perderse en las narrativas polarizadas: Antapaccay tiene una presencia econ\u00f3mica y social significativa en Espinar. Adem\u00e1s del empleo y las compras locales, la empresa desarrolla programas sociales. En febrero de 2026 entreg\u00f3 nueve toneladas de compost a la comunidad campesina de Anta Ccollana para apoyar la producci\u00f3n de papa y forraje. Estos programas son valorados por sectores de la poblaci\u00f3n y forman parte de una relaci\u00f3n econ\u00f3mica construida durante a\u00f1os de operaci\u00f3n. Por eso Espinar enfrenta una paradoja dif\u00edcil de resolver: la misma actividad que representa empleo, ingresos y oportunidades econ\u00f3micas tambi\u00e9n est\u00e1 asociada a denuncias, sanciones y un conflicto socioambiental que no cede.<\/p>\n\n\n\n

Los impactos denunciados abarcan otros componentes. En materia de aire, los informes mencionados registran superaciones de PM10. En el suelo se han se\u00f1alado procesos de degradaci\u00f3n y presencia de metales. La vegetaci\u00f3n utilizada para alimentar ganado tambi\u00e9n aparece en los reportes ambientales, mientras que las comunidades han denunciado mortandad de animales asociada a filtraciones. La expansi\u00f3n de tajos y botaderos implica, adem\u00e1s, una transformaci\u00f3n f\u00edsica del territorio altoandino, con reducci\u00f3n de espacios de pastoreo y modificaciones del paisaje. A ello se suma un componente social: las comunidades denuncian que cercos y rejas vinculados a la actividad minera han interrumpido caminos tradicionales y limitado el acceso a determinados espacios de pastoreo y fuentes de agua.<\/p>\n\n\n\n

Coroccohuayco representa una apuesta de gran magnitud para Glencore y para el sector minero peruano. Pero los US$ 1.800 millones no responden por s\u00ed solos a las preguntas que plantean las comunidades. Tampoco las sanciones ambientales demuestran autom\u00e1ticamente que todos los impactos denunciados sean atribuibles a la expansi\u00f3n proyectada: esa relaci\u00f3n debe establecerse t\u00e9cnicamente caso por caso. Lo que s\u00ed muestran los antecedentes es que existe un conflicto socioambiental previo, documentado y todav\u00eda activo, en un territorio donde organismos p\u00fablicos han encontrado incumplimientos y donde comunidades cuestionan la delimitaci\u00f3n del \u00e1rea de influencia y la protecci\u00f3n de sus fuentes de agua.<\/p>\n\n\n\n

El desaf\u00edo para el Estado no consiste solo en garantizar que el proyecto cumpla las exigencias formales de su certificaci\u00f3n ambiental. Consiste en lograr que la poblaci\u00f3n perciba que las instituciones ambientales, sanitarias, mineras y judiciales act\u00faan con independencia, transparencia y capacidad efectiva de proteger sus derechos. Porque mientras Coroccohuayco promete m\u00e1s cobre, inversi\u00f3n y empleo, Espinar contin\u00faa formulando una pregunta mucho m\u00e1s b\u00e1sica: \u00bfqui\u00e9n garantiza que el desarrollo minero no termine trasladando sus costos ambientales a quienes viven sobre el territorio? La respuesta determinar\u00e1 si Coroccohuayco consigue algo m\u00e1s dif\u00edcil que una autorizaci\u00f3n administrativa: una verdadera licencia social para operar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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