{"id":9026,"date":"2026-09-21T07:40:14","date_gmt":"2026-09-21T02:40:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pulso27.com\/?p=9026"},"modified":"2026-09-21T07:40:19","modified_gmt":"2026-09-21T02:40:19","slug":"caso-liceo-naval-agresion-sexual-omision-funciones-auxilio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pulso27.com\/es\/actualidad\/educacion\/caso-liceo-naval-agresion-sexual-omision-funciones-auxilio\/","title":{"rendered":"Caso Liceo Naval: agresi\u00f3n sexual contra un estudiante se agrava por presunta omisi\u00f3n de funciones y de auxilio"},"content":{"rendered":"\n

Seis adolescentes cumplen internamiento preventivo por la presunta agresi\u00f3n sexual contra un compa\u00f1ero de 16 a\u00f1os ocurrida dentro de un bus escolar. La defensa anuncia acciones contra adultos que estaban a cargo del traslado, mientras la Marina separ\u00f3 preventivamente a tres trabajadores y el Minedu asumi\u00f3 la conducci\u00f3n temporal del colegio.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Seis adolescentes fueron internados en Maranguita<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso del Liceo Naval Almirante Guise ingres\u00f3 a una nueva etapa judicial luego de que el Poder Judicial ordenara cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta agresi\u00f3n sexual contra un compa\u00f1ero de 16 a\u00f1os. La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Familia de Lima mientras contin\u00faan las diligencias destinadas a determinar la participaci\u00f3n individual de cada investigado. Los seis fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagn\u00f3stico y Rehabilitaci\u00f3n de Lima, conocido como Maranguita.<\/p>\n\n\n\n

Los hechos investigados habr\u00edan ocurrido el 15 de septiembre, cuando el estudiante regresaba en un bus escolar despu\u00e9s de participar junto con sus compa\u00f1eros en un campeonato de futsal. La v\u00edctima cursaba cuarto de secundaria y los diez adolescentes inicialmente intervenidos pertenec\u00edan a quinto de secundaria. Despu\u00e9s de las primeras diligencias, cuatro recuperaron su libertad y seis quedaron sujetos al pedido de internamiento preventivo.<\/p>\n\n\n\n

El internamiento preventivo no constituye una condena. La medida tiene car\u00e1cter cautelar y deber\u00e1 mantenerse dentro del proceso de responsabilidad penal adolescente mientras la Fiscal\u00eda re\u00fane elementos para establecer qu\u00e9 ocurri\u00f3 y cu\u00e1l habr\u00eda sido la conducta atribuible a cada menor. Por ello, la investigaci\u00f3n debe diferenciar entre quienes eventualmente tuvieron participaci\u00f3n directa, quienes pudieron tener otro grado de intervenci\u00f3n y quienes no tuvieron responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

La segunda l\u00ednea de investigaci\u00f3n: los adultos del bus<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La defensa de la familia de la v\u00edctima ha planteado ahora una segunda l\u00ednea de investigaci\u00f3n: la actuaci\u00f3n de los adultos que estaban dentro del veh\u00edculo durante el traslado. El abogado Jorge Petrozzi anunci\u00f3 que promover\u00e1 una denuncia penal contra docentes que se encontraban en el bus por una presunta omisi\u00f3n de funciones y de auxilio.<\/p>\n\n\n\n

Este punto resulta relevante porque la eventual responsabilidad de los adultos no puede establecerse \u00fanicamente por el hecho de encontrarse en el veh\u00edculo. La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 que determinar qu\u00e9 funci\u00f3n cumpl\u00eda cada uno, cu\u00e1l era su deber concreto de vigilancia, qu\u00e9 informaci\u00f3n pudo conocer durante el trayecto, cu\u00e1ndo pudo advertir la situaci\u00f3n y qu\u00e9 acciones adopt\u00f3 despu\u00e9s de conocerla.<\/p>\n\n\n\n

La propia informaci\u00f3n difundida durante las primeras diligencias confirm\u00f3 que hab\u00eda adultos responsables del cuidado de los escolares dentro del veh\u00edculo. Ese aspecto deber\u00e1 ser contrastado con las declaraciones de estudiantes, docentes, conductor y dem\u00e1s personas que participaron en el traslado.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, la eventual omisi\u00f3n de funciones y de auxilio constituye una hip\u00f3tesis que deber\u00e1 ser probada, no una responsabilidad ya establecida. Si las investigaciones encuentran evidencia de que exist\u00eda un deber espec\u00edfico de protecci\u00f3n y que este fue incumplido, corresponder\u00e1 determinar las consecuencias penales, administrativas o civiles que correspondan.<\/p>\n\n\n\n

Acoso previo y las alertas que ahora vuelven a escena<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 establecer si existieron episodios anteriores de hostigamiento o violencia contra el estudiante y, especialmente, si fueron comunicados a profesores, entrenadores o autoridades del colegio. La defensa sostiene que la agresi\u00f3n no habr\u00eda sido un hecho aislado y que existieron antecedentes de acoso que no fueron atendidos oportunamente.<\/p>\n\n\n\n

Este aspecto adquiri\u00f3 mayor relevancia despu\u00e9s de que el ministro de Educaci\u00f3n, Jos\u00e9 Antonio Chang, informara que el Liceo Naval registra 80 denuncias por distintos hechos de violencia durante los \u00faltimos dos a\u00f1os. Seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida, 50 corresponder\u00edan a casos entre escolares y 30 involucrar\u00edan a personal de instituciones educativas.<\/p>\n\n\n\n

El n\u00famero, por s\u00ed solo, no demuestra que las autoridades conocieran la agresi\u00f3n investigada ni establece responsabilidad penal de funcionarios o docentes. Pero s\u00ed plantea una cuesti\u00f3n institucional que deber\u00e1 ser esclarecida: qu\u00e9 hicieron las autoridades del colegio frente a las denuncias anteriores y si los mecanismos de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n funcionaron de manera efectiva.<\/p>\n\n\n\n

El ministro tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que algunas denuncias de acoso y violencia sexual no habr\u00edan sido tratadas adecuadamente. Esa afirmaci\u00f3n deber\u00e1 ser contrastada con los expedientes y registros correspondientes para determinar qu\u00e9 casos fueron reportados, qu\u00e9 medidas se adoptaron y si existieron patrones que debieron activar mecanismos de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Marina separa a tres trabajadores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mientras avanzan las investigaciones, la Marina de Guerra del Per\u00fa dispuso la separaci\u00f3n preventiva de la directora del colegio, un docente y el entrenador de f\u00fatbol. La medida fue adoptada por la Direcci\u00f3n de Bienestar de la Marina y se mantiene mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos.<\/p>\n\n\n\n

La separaci\u00f3n preventiva tampoco equivale a una declaraci\u00f3n de responsabilidad. Se trata de una decisi\u00f3n institucional adoptada durante la investigaci\u00f3n. La determinaci\u00f3n definitiva depender\u00e1 de los resultados de las investigaciones fiscales, administrativas y, eventualmente, judiciales.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno, adem\u00e1s, oficializ\u00f3 la reorganizaci\u00f3n extraordinaria y temporal de la gesti\u00f3n educativa y gobernanza del Liceo Naval Almirante Guise. El Ministerio de Educaci\u00f3n asumir\u00e1 la conducci\u00f3n del plantel hasta el 31 de diciembre de 2027, como parte de las medidas adoptadas despu\u00e9s de la denuncia.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n no puede terminar en Maranguita<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El traslado de seis adolescentes a Maranguita representa el principal resultado judicial conocido hasta ahora, pero no resuelve todas las interrogantes del caso. La Fiscal\u00eda todav\u00eda debe determinar la responsabilidad individual de los investigados y establecer si existen elementos suficientes para formular las imputaciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, deber\u00e1 esclarecerse la actuaci\u00f3n de los adultos que estaban a cargo del grupo durante el viaje. La pregunta central ya no se limita a qu\u00e9 ocurri\u00f3 dentro del bus, sino tambi\u00e9n a qu\u00e9 pudieron saber los responsables de la supervisi\u00f3n, cu\u00e1ndo pudieron saberlo y qu\u00e9 hicieron frente a una eventual situaci\u00f3n de violencia.<\/p>\n\n\n\n

La dimensi\u00f3n institucional tambi\u00e9n exige revisar las denuncias anteriores. Si se confirma que existieron alertas de violencia, acoso o conductas de naturaleza sexual que no recibieron una respuesta adecuada, ser\u00e1 necesario determinar qui\u00e9nes ten\u00edan competencia para intervenir y por qu\u00e9 las medidas adoptadas no evitaron nuevos episodios.<\/p>\n\n\n\n

Protecci\u00f3n de la v\u00edctima y reserva de los menores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n debe desarrollarse con especial protecci\u00f3n para el adolescente agraviado. La v\u00edctima declar\u00f3 mediante los mecanismos especializados correspondientes y recibe asistencia dentro de los protocolos establecidos para estos casos. La difusi\u00f3n de su identidad est\u00e1 prohibida y puede generar consecuencias legales.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaz\u00f3 la exposici\u00f3n p\u00fablica de la identidad del menor despu\u00e9s de que la periodista Milagros Leiva mencionara su nombre durante una transmisi\u00f3n televisiva. El MIMP record\u00f3 que la protecci\u00f3n de los menores v\u00edctimas de delitos sexuales alcanza tambi\u00e9n a informaci\u00f3n que permita identificarlos indirectamente.<\/p>\n\n\n\n

La misma obligaci\u00f3n de reserva alcanza a los adolescentes investigados. Por ello, Pulso27 no difundir\u00e1 nombres, im\u00e1genes ni otros datos que permitan identificarlos.<\/p>\n\n\n\n

Tres responsabilidades que todav\u00eda deben esclarecerse<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El caso Liceo Naval presenta, hasta ahora, tres niveles de investigaci\u00f3n que no deben confundirse. El primero corresponde a la presunta agresi\u00f3n sexual y a la responsabilidad individual de los adolescentes investigados. El segundo est\u00e1 relacionado con la eventual omisi\u00f3n de funciones o de auxilio por parte de adultos que ten\u00edan deberes de supervisi\u00f3n durante el traslado. El tercero comprende la respuesta institucional del colegio frente a posibles antecedentes de violencia y las medidas que correspond\u00eda adoptar.<\/p>\n\n\n\n

Los seis adolescentes sometidos a internamiento preventivo deber\u00e1n afrontar el proceso bajo las garant\u00edas del sistema de responsabilidad penal adolescente. La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 que establecer responsabilidades con pruebas y no sobre la base de acusaciones colectivas. Del mismo modo, cualquier eventual imputaci\u00f3n contra adultos deber\u00e1 sustentarse en la identificaci\u00f3n de deberes concretos y en evidencia sobre su presunto incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

El dato de las 80 denuncias reportadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n agrega una dimensi\u00f3n institucional que no puede ser ignorada, aunque tampoco permite atribuir autom\u00e1ticamente responsabilidad por la agresi\u00f3n denunciada. El punto central ser\u00e1 determinar qu\u00e9 denuncias existieron, c\u00f3mo fueron tramitadas y si las autoridades cumplieron sus obligaciones de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La reorganizaci\u00f3n del Liceo Naval bajo el Minedu y la separaci\u00f3n preventiva de tres trabajadores muestran que el caso ya produjo consecuencias institucionales. Sin embargo, esas decisiones no sustituyen las investigaciones. La respuesta definitiva deber\u00e1 establecer qu\u00e9 ocurri\u00f3 dentro del bus, qui\u00e9nes tuvieron participaci\u00f3n, si alg\u00fan adulto incumpli\u00f3 sus deberes de protecci\u00f3n y si existieron fallas previas que permitieron que la violencia llegara a este punto.<\/p>\n\n\n\n

El caso, por tanto, no termina con el ingreso de seis adolescentes a Maranguita. La investigaci\u00f3n reci\u00e9n entra en una etapa decisiva: determinar responsabilidades individuales, proteger a la v\u00edctima, esclarecer la actuaci\u00f3n de los adultos y revisar si el sistema de protecci\u00f3n del colegio respondi\u00f3 \u2014o no\u2014 frente a las se\u00f1ales de violencia que ya hab\u00edan sido reportadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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