¿Cierre del Congreso en el horizonte? Las señales políticas que obligan a mirar con lupa al Gobierno de Keiko Fujimori

La discusión sobre un eventual cierre del Congreso ha irrumpido en el escenario político peruano apenas semanas después del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori. Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita afirmar que la presidenta haya decidido o planificado una ruptura del orden constitucional. Sin embargo, declaraciones de altos funcionarios y dirigentes políticos han instalado un escenario que merece ser examinado con especial atención.

El fantasma del 5 de abril vuelve al debate

La comparación con el régimen de Alberto Fujimori resulta inevitable por un antecedente histórico concreto: el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió un control extraordinario sobre instituciones del Estado. El episodio es reconocido como un autogolpe y produjo una ruptura del orden democrático.

Tres décadas después, cualquier referencia a una eventual disolución del Parlamento adquiere una dimensión particularmente sensible cuando quien ocupa la Presidencia es su hija. Pero una analogía histórica no constituye, por sí misma, evidencia de que el Gobierno actual pretenda repetir aquella experiencia.

Josué Gutiérrez encendió la primera alarma

La controversia tomó fuerza el 27 de agosto, cuando el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, habló públicamente de un hipotético escenario de disolución del Congreso y sostuvo que quien se atreviera a hacerlo podría incrementar significativamente su aprobación. Sus declaraciones provocaron críticas desde distintas bancadas y posteriormente el propio Gutiérrez ofreció disculpas, calificando sus afirmaciones como un análisis hipotético de un escenario que no consideraba deseable para la democracia.

La presidenta Fujimori rechazó entonces categóricamente la posibilidad de cerrar el Parlamento y calificó las declaraciones del defensor como un «pésimo desliz». También afirmó que su Gobierno es institucional y que el país vive en democracia.

La cuestión de confianza entra en escena

El segundo elemento que alimenta el debate es la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. La discusión se ha complicado debido a que distintas comisiones parlamentarias han cuestionado o rechazado partes del pedido gubernamental.

El 11 de septiembre, Fujimori declaró que, «por ahora», no veía al primer ministro Luis Galarreta presentando una cuestión de confianza para impulsar la aprobación de las facultades. La mandataria insistió en que esperaba un debate técnico y objetivo en la Cámara de Diputados y descartó nuevamente que el Ejecutivo estuviera evaluando una disolución del Congreso.

Pero el debate no desapareció. El 17 de septiembre, el senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, afirmó que, si el escenario se transformaba en un «pleito» entre bancadas, el primer ministro podría plantear una cuestión de confianza sobre el paquete legislativo. Al mismo tiempo, Mesía sostuvo que no buscaba un enfrentamiento y defendió que el Parlamento aprobara las medidas que considerara convenientes para el país.

¿Una ruta calculada o una crisis todavía abierta?

Aquí aparece la pregunta central que el debate político debe responder con documentos y hechos, no con especulaciones: ¿las referencias al cierre del Congreso y a la cuestión de confianza constituyen simplemente advertencias y escenarios hipotéticos o forman parte de una estrategia política previamente diseñada?

Hasta el momento, las fuentes públicas consultadas no permiten afirmar que exista un plan secreto para disolver el Parlamento. Lo que sí está documentado es una presión política del Ejecutivo para obtener facultades legislativas y la existencia de un debate dentro del oficialismo sobre la posibilidad de utilizar una cuestión de confianza si la confrontación con el Congreso aumentara.

Fuerzas Armadas y cooperación con Estados Unidos

Otro elemento que merece seguimiento es la política de seguridad del Gobierno. El Ejecutivo ha impulsado medidas de mayor participación de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y ha declarado estados de emergencia en establecimientos penitenciarios, con participación de la Policía y apoyo de las Fuerzas Armadas.

A ello se suma la incorporación anunciada por Fujimori del Perú al denominado «Escudo de las Américas», iniciativa de cooperación contra la criminalidad transnacional promovida por Estados Unidos. El anuncio fue realizado el 10 de septiembre junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien visitó Lima durante una gira regional.

La existencia de cooperación militar, policial o de inteligencia con Washington tampoco demuestra por sí misma un respaldo estadounidense a una eventual ruptura institucional. No hay, en las fuentes revisadas, evidencia que permita sostener que el presidente Donald Trump haya autorizado o respaldado un eventual cierre del Congreso peruano.

La historia obliga a exigir garantías

El antecedente de 1992 hace que cualquier concentración extraordinaria de poder deba ser examinada con especial rigor. Pero también obliga a separar la memoria histórica de las acusaciones que todavía no cuentan con pruebas.

Keiko Fujimori sostiene públicamente que no contempla cerrar el Congreso y que su Gobierno respetará la institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, miembros de su entorno político han hablado de mecanismos constitucionales como la cuestión de confianza para enfrentar un eventual conflicto parlamentario.

La pregunta que queda abierta para el país no es si debe darse por consumado un supuesto plan de autogolpe —porque no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo—, sino qué controles institucionales funcionarían si el Ejecutivo y el Parlamento entraran en una confrontación de mayor intensidad.

En una democracia, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los organismos constitucionales y la ciudadanía tienen límites y responsabilidades definidos por la Constitución. Por ello, cualquier intento de utilizar una crisis política para concentrar poder tendría que ser evaluado sobre la base de actos concretos, normas, decisiones oficiales y evidencia verificable.

Por ahora, el expediente permanece abierto. El cierre del Congreso ha sido negado por la presidenta; la cuestión de confianza ha sido mencionada como posibilidad política; y el pedido de facultades continúa generando tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Convertir esas señales en la afirmación de que «todo estaba calculado» requeriría pruebas que, hasta este momento, no aparecen en la información pública revisada.