El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso el 3 de septiembre de 2025 la liberación de la ex primera ministra Betssy Chávez, tras declarar fundado un recurso de habeas corpus presentado por…
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Betssy Chávez fue impedida de ser contratada en el Congreso peruano

La ex primera ministra Betssy Chávez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la República, tal como lo propuso el legislador Roberto Sánchez. Aunque la Fiscalía desistió de prolongar su prisión preventiva y el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, la suspensión vigente genera una incompatibilidad constitucional que le prohíbe ejercer cualquier otra función pública. Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, «el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública», lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebelión y conspiración, representa un obstáculo insalvable para su reingreso laboral en el ámbito estatal.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensión no equivale a una inhabilitación definitiva, pero sí activa mecanismos de restricción inmediata que impiden su contratación. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que la propuesta de Sánchez es «ridícula e inválida» debido a esta incompatibilidad, argumentando que Chávez mantiene su condición de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos públicos hasta su resolución judicial o reincorporación. Asimismo, el presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que «legalmente no procede» la contratación, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensión, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos éticos durante procesos penales graves, recordando que Chávez intentó disolver el mismo Congreso en 2022.
A pesar de que no existe aún una inhabilitación formal por 10 años —recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votación en el Pleno el 1 de octubre—, su eventual aprobación agravaría el impedimento, prohibiéndole todo cargo público por una década. La propuesta de Sánchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N° 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S/10,000 mensuales, ha sido calificada de «provocación política» por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza País. Mientras el proceso penal continúa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contratación podría derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traición al orden constitucional.
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El retorno del gobierno popular frente al poder oligárquico

El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.
La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.
En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.
Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.
En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.
Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.
En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.
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Barcelona acaricia el bicampeonato y llega lanzado a la Champions

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el bicampeonato en la LaLiga tras una contundente victoria 4-1 en el derbi catalán frente al RCD Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick aprovechó el reciente tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja a nueve puntos, una diferencia que lo deja a las puertas de un nuevo título.
En un encuentro dominado de principio a fin, el conjunto azulgrana mostró su mejor versión ofensiva y reafirmó su solidez colectiva. La mezcla de juventud y experiencia sigue siendo una de las claves del éxito, con figuras emergentes como Lamine Yamal liderando una generación que ilusiona a la afición.
Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor estratégico importante: el Barcelona llega en su mejor momento de la temporada al compromiso decisivo de vuelta frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Con la confianza en alto y una ventaja considerable en el torneo local, el equipo catalán podrá enfocarse plenamente en la competencia europea.
El desafío, sin embargo, no será sencillo. El Atlético, reconocido por su intensidad y orden táctico, representa un rival de cuidado en instancias de eliminación directa. Aun así, el presente del Barcelona invita al optimismo: liderato sólido en liga, rendimiento en alza y un plantel que combina talento joven con disciplina táctica.
De mantener este nivel, el conjunto blaugrana no solo está encaminado al bicampeonato doméstico, sino que también se perfila como un serio candidato a conquistar Europa.
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Personeros electorales: los vigilantes clave de la transparencia en los comicios generales 2026

En los comicios generales de 2026, los personeros electorales cumplen un papel fundamental en la vigilancia del proceso democrático. Como representantes acreditados de los partidos políticos, su misión es fiscalizar cada etapa de la jornada electoral y asegurar que los votos emitidos sean respetados y correctamente contabilizados, siempre dentro del marco de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los personeros de mesa de sufragio desarrollan una labor técnica y minuciosa. Desde la instalación de la mesa, verifican que el ánfora esté vacía y que el material electoral esté completo. Durante la votación, observan el cumplimiento de las normas y, en el escrutinio, revisan voto por voto para evitar errores o interpretaciones indebidas. Tienen la facultad de formular observaciones, impugnar votos cuando corresponda y exigir que todo quede registrado en las actas, documentos clave para cualquier eventual reclamo.
Por otro lado, los personeros de centro de votación cumplen una función estratégica. Supervisan el desarrollo general en todo el local, coordinan con los personeros de mesa de su organización política y canalizan incidencias ante las autoridades electorales. Su rol permite identificar problemas recurrentes o situaciones que podrían afectar a varias mesas, contribuyendo a una respuesta más ordenada y efectiva.
No obstante, sus funciones tienen límites estrictos. Los personeros no pueden intervenir directamente en el proceso, manipular material electoral, influir en la decisión de los votantes ni realizar propaganda dentro del local. Su papel es observar, registrar y reportar, respetando la autoridad de los miembros de mesa y garantizando que sus acciones se mantengan dentro de la legalidad.
En ese sentido, una labor eficiente de los personeros no solo fortalece la transparencia electoral, sino también la confianza ciudadana en los resultados. La correcta observación, el registro oportuno de incidencias y la coordinación entre niveles permiten que estos actores se conviertan en piezas clave para asegurar que cada voto cuente en los comicios generales de 2026.
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