Víctor Caballero, conocido como Curwen, se consolidó como uno de los periodistas digitales más influyentes del Perú al cumplir su palabra durante la entrevista a Roberto Sánchez en su programa Brutalidad Política. El youtuber se colocó el característico sombrero chotano que el candidato presidencial de Juntos por el Perú llevó personalmente al set, un gesto que rápidamente se viralizó en TikTok, Facebook y YouTube. La entrevista, que duró casi dos horas, ha generado miles de interacciones y debate en redes sociales a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

Durante la conversación, Roberto Sánchez abordó temas clave como la situación de Pedro Castillo, la necesidad de justicia para los sectores más vulnerables, inversión real en regiones y críticas al centralismo limeño. Sánchez se presentó como un candidato “de barro”, cercano al pueblo, y reafirmó su compromiso con proyectos sociales. Curwen, con su estilo directo y sarcástico habitual, logró momentos de alto impacto que ya circulan como clips virales en plataformas digitales.

El sombrero se convirtió en el símbolo de la emisión. Curwen había prometido públicamente que si Sánchez asistía a su programa, él se lo pondría. El candidato cumplió llevando el accesorio y el comunicador honró su palabra, un intercambio que muchos interpretan como gesto de cercanía con el electorado del interior del país y otros ven como estrategia de posicionamiento político.

La nota ha generado reacciones divididas. Sectores de izquierda celebran la autenticidad y el respaldo implícito a candidaturas alternativas, mientras que críticos acusan a Curwen de sesgo y de convertir su espacio en plataforma electoral. El periodista digital, con más de 700 mil suscriptores en YouTube, mantiene su rol de voz influyente fuera de los medios tradicionales, especialmente entre el público joven.

Con las Elecciones Generales 2026 acercándose, episodios como la entrevista de Curwen a Roberto Sánchez demuestran el creciente poder de los creadores de contenido en la agenda política peruana. El “efecto sombrero” ya es tendencia y promete seguir alimentando el debate en redes sobre liderazgo regional, símbolos populares y el rol de los nuevos medios en la campaña electoral.

Lima, 29 de abril de 2026. – El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este martes en conferencia de prensa un informe forense que revela presuntas incongruencias estadísticas en aproximadamente 800 a 805 actas electorales de las Elecciones Generales 2026. Según el exalcalde de Lima, estas actas muestran patrones matemáticamente improbables, como mesas donde su candidatura presidencial registra menos votos que su lista al Congreso, lo que considera una anomalía grave que afecta la voluntad popular.

López Aliaga exigió una auditoría inmediata de estas actas, señalando que “será rápido si hay voluntad”. El líder de Renovación Popular insistió en que “lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo” y reiteró su denuncia contra la ONPE y el JNE por presuntos problemas logísticos el 12 de abril, como demoras en la apertura de mesas, falta de material y la creación de actas de la serie 900.000, que según su equipo habrían sido distribuidas estratégicamente.

Durante su intervención, el candidato cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, acusándolos de falta de transparencia. López Aliaga denunció que se afectó el derecho al voto de cientos de miles de peruanos, especialmente en Lima, y calificó las irregularidades como un sabotaje planificado contra su candidatura. “Se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución”, enfatizó.

Ante la decisión del JNE de declarar inviables las elecciones complementarias, López Aliaga anunció que su equipo presentará cuatro recursos adicionales y acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender la transparencia del proceso. Además, convocó a una protesta pacífica cuya fecha se anunciará próximamente y no descartó que, si es necesario, las elecciones presidenciales se realicen el próximo año para garantizar legitimidad.

“Para que se auditen de una vez, son 800 actas”, reiteró López Aliaga, sosteniendo que su lucha busca proteger la democracia y el voto ciudadano por encima de cualquier resultado parcial. “No es opinión, es matemática”, afirmó en referencia a los hallazgos del informe forense. La situación electoral sigue en desarrollo mientras se resuelven las actas pendientes y los recursos presentados por Renovación Popular.

Huancavelica 27 de abril 2026.– La investigación por la muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el VRAEM se ha intensificado tras la aparición de nuevas versiones que cuestionan la actuación de las fuerzas del orden y del sistema de justicia.

Un sobreviviente del hecho denunció que fue obligado por militares a declarar que el grupo transportaba droga. Según indicó, su testimonio inicial fue dado bajo amenazas y sin abogado, por lo que posteriormente se retractó ante una fiscalía de derechos humanos, asegurando que no llevaban sustancias ilícitas ni armas.

La defensa de las familias sostiene que no existe evidencia que vincule a las víctimas con el narcotráfico y que el uso de la fuerza fue injustificado. Además, cuestionó la validez de las primeras diligencias al considerar que se habrían vulnerado garantías básicas.

En paralelo, los ocho militares investigados recuperaron su libertad luego de que venciera el plazo de detención preliminar sin que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva. La defensa anunció que presentará una queja ante el órgano de control por presuntas omisiones en la actuación fiscal.

Las versiones sobre el operativo siguen enfrentadas. Mientras familiares y comuneros afirman que los jóvenes regresaban de una actividad deportiva cuando fueron atacados, las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron en legítima defensa durante una intervención contra el narcotráfico.

La población de Colcabamba ha expresado su rechazo a lo ocurrido y denuncia un uso desproporcionado de la fuerza. Los familiares de las víctimas exigen justicia y una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos.

El caso continúa en desarrollo y los nuevos testimonios podrían ser determinantes para establecer responsabilidades penales en un hecho que ha generado conmoción y cuestionamientos a las instituciones.