Congresista Margot Palacios se reúne con afectados por el derrame de petróleo de la transnacional Repsol

Una multitudinaria reunión se realizó la tarde de hoy en el distrito de Ancón, donde la congresista Margot Palacios Huamán sostuvo un encuentro directo con asociaciones de pescadores artesanales, comerciantes y familias afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022, ocasionado por la empresa transnacional Repsol. La actividad emotiva también permitió recoger demandas ciudadanas y socializar los alcances de la reciente Ley N.° 32534, que fortalece el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos en la Costa peruana.

Durante el evento, la parlamentaria de “Juntos por el Perú” recordó que el desastre ambiental dejó graves daños en los ecosistemas marinos y afectó el sustento de miles de familias de la costa central. Señaló que este hecho evidenció serias fallas en la fiscalización ambiental para la prevención y una respuesta estatal tardía, por lo que consideró indispensable avanzar hacia mecanismos efectivos de justicia ambiental y reparación integral.

Palacios destacó que, como presidenta de la Presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, impulsó una comisión investigadora que determinó deficiencias en los protocolos de prevención y respuesta frente a emergencias ambientales de la empresa privada Repsol, así como responsabilidades que deben ser sancionadas de manera ejemplar en el fuero penal.

Asimismo, explicó que la nueva Ley N.° 32534 modifica la Ley N.° 32190 para ampliar el ámbito de aplicación del registro de afectados, permitiendo la incorporación de personas naturales, asociaciones y comunidades perjudicadas por derrames de hidrocarburos ocurridos desde enero de 2022 hasta la promulgación de dicha normal, bajo la supervisión del OEFA del Ministerio del Ambiente y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, la congresista afirmó que realizará un seguimiento permanente al proceso de reglamentación de la norma para garantizar que todos los afectados sean debidamente inscritos, sin exclusiones, y reiteró su compromiso con la defensa del ambiente, la protección de las comunidades costeras y el derecho de las víctimas a una compensación justa.