Betssy Chávez fue impedida de ser contratada en el Congreso peruano

La ex primera ministra Betssy Chávez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la República, tal como lo propuso el legislador Roberto Sánchez. Aunque la Fiscalía desistió de prolongar su prisión preventiva y el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, la suspensión vigente genera una incompatibilidad constitucional que le prohíbe ejercer cualquier otra función pública. Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, «el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública», lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebelión y conspiración, representa un obstáculo insalvable para su reingreso laboral en el ámbito estatal.

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensión no equivale a una inhabilitación definitiva, pero sí activa mecanismos de restricción inmediata que impiden su contratación. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que la propuesta de Sánchez es «ridícula e inválida» debido a esta incompatibilidad, argumentando que Chávez mantiene su condición de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos públicos hasta su resolución judicial o reincorporación. Asimismo, el presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que «legalmente no procede» la contratación, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensión, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos éticos durante procesos penales graves, recordando que Chávez intentó disolver el mismo Congreso en 2022.

A pesar de que no existe aún una inhabilitación formal por 10 años —recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votación en el Pleno el 1 de octubre—, su eventual aprobación agravaría el impedimento, prohibiéndole todo cargo público por una década. La propuesta de Sánchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N° 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S/10,000 mensuales, ha sido calificada de «provocación política» por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza País. Mientras el proceso penal continúa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contratación podría derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traición al orden constitucional.