Comisión de Fiscalización del Congreso acordó solicitar facultades para investigar a Dina Boluarte por abandono de funciones

La solicitud de facultades para investigar a la presidenta Dina Boluarte por un presunto abandono de cargo pone de nuevo en evidencia las tensiones políticas y la polarización que vive el Congreso de la República. La moción, aprobada por la Comisión de Fiscalización, busca esclarecer si la mandataria incumplió sus funciones durante un período de inasistencia en 2023, coincidiendo con una cirugía estética que, según los informes, la dejó incapacitada temporalmente entre el 29 de junio y el 9 de julio.

El respaldo a la iniciativa por parte del congresista Juan Burgos y otros miembros de la Comisión responde a la necesidad de esclarecer varios aspectos que generan desconfianza pública. La ausencia de documentación oficial sobre la intervención quirúrgica, la falta de un certificado médico que respalde la incapacidad temporal y la omisión de información por parte de funcionarios de Palacio de Gobierno son puntos clave en la investigación. A ello se suman las dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente por la falta de respuesta de la clínica que habría atendido a Boluarte y la escasa comunicación entre el gobierno y el Congreso.

No obstante, la moción ha generado un debate dentro del mismo Congreso. Legisladores como Jorge Marticorena consideran que esta investigación distrae a la Comisión de Fiscalización de otros temas más urgentes, como la lucha contra la corrupción en diversas regiones del país. Sin embargo, para quienes apoyan la iniciativa, como Edgar Raymundo, la investigación sobre el posible abandono de funciones tiene un contenido penal importante y podría implicar infracciones constitucionales.

El contraste de posturas refleja la polarización política en Perú, donde las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo a menudo se encuentran sometidas a una constante revisión crítica. Sin importar el desenlace de esta investigación, queda claro que la falta de claridad en los actos de gobierno y la constante desconfianza en las instituciones empeoran la situación política del país, que sigue siendo testigo de un profundo estancamiento en su administración pública.