Desactivación de equipos especiales: Un retroceso que amenaza la justicia por las víctimas de las protestas 2022-2023

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.

El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.

La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».

Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.

En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.