Martín Vizcarra fue recluido en la cárcel de manera preventiva acusado de corrupción

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue trasladado el 13 de agosto de 2025 al penal Barbadillo, en Lima, para cumplir cinco meses de prisión preventiva ordenados por el juez Jorge Chávez Tamariz, en el marco de investigaciones por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La Fiscalía, liderada por Germán Juárez Atoche, acusa a Vizcarra de recibir 2.3 millones de soles en coimas relacionadas con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, solicitando inicialmente una pena de 15 años por cohecho pasivo propio. Sin embargo, la reciente inclusión del delito de colusión ha elevado la solicitud fiscal a 25 años de cárcel, marcando un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario.

El juicio oral contra Vizcarra, iniciado en octubre de 2024, se encuentra en su fase final, con el fiscal Rafael Vela estimando que podría concluir en uno o dos meses, gracias a la dedicación exclusiva del Poder Judicial. Las pruebas presentadas incluyen testimonios de colaboradores eficaces y documentos que sugieren pagos irregulares de constructoras como Obrainsa y ICCGSA, quienes habrían obtenido contratos a cambio de sobornos.

La defensa de Vizcarra, encabezada por el abogado Erwin Siccha, sostiene que las acusaciones carecen de pruebas directas y denuncia una persecución política, señalando que el expresidente fue advertido previamente sobre la resolución judicial, lo que cuestiona la imparcialidad del proceso.

El impacto de estas acusaciones trasciende lo judicial, afectando la imagen de Vizcarra, líder del partido Perú Primero, y generando tensiones políticas en un contexto electoral rumbo a 2026. La Fiscalía también busca una reparación civil de 4.6 millones de soles, mientras que el caso refuerza la percepción de una crisis estructural de corrupción, con Vizcarra convirtiéndose en el cuarto expresidente peruano encarcelado, junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

La posibilidad de una condena de hasta 25 años, sumada a inhabilitaciones políticas, podría cerrar definitivamente las aspiraciones presidenciales de Vizcarra, quien aún busca revertir dichas restricciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.