El Ejecutivo propone gastar S/266.506 millones en 2027, pero reduce en S/519 millones los recursos para Orden Público y Seguridad mientras eleva 25% el presupuesto de Defensa.

Lima, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial de este año. Sin embargo, la distribución de los recursos abrió una controversia política: mientras el Ejecutivo coloca la lucha contra la delincuencia entre sus principales prioridades, la función Orden Público y Seguridad registra una reducción de S/519 millones y Defensa y Seguridad Nacional aumenta en S/1.812 millones.

Menos recursos para enfrentar la delincuencia

El proyecto asigna S/15.338 millones a Orden Público y Seguridad, frente a los S/15.857 millones aprobados para 2026. La reducción equivale a 3,3%.

El ajuste también alcanza al programa Reducción de delitos y faltas, directamente relacionado con las acciones de seguridad ciudadana. Sus recursos pasarían de S/6.878 millones a S/6.494 millones, una disminución de S/384 millones.

La reducción ocurre mientras el Gobierno sostiene que la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado constituyen una prioridad de su gestión.

Durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso, el premier Luis Galarreta defendió la asignación para seguridad y señaló que alrededor de S/15.400 millones estarán orientados al orden público, la investigación del delito y el fortalecimiento de la capacidad operativa policial.

Defensa aumenta 25 %

La otra cara de la distribución presupuestal está en Defensa.

La función Defensa y Seguridad Nacional recibiría S/8.993 millones en 2027, frente a S/7.180 millones en 2026. El aumento alcanza aproximadamente los S/1.812 millones, equivalente a 25%.

El salto es todavía mayor en los proyectos de inversión. El presupuesto destinado a reparación, renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas pasaría de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de aproximadamente 283%. Entre las inversiones figuran proyectos vinculados con capacidades militares, aviones de combate, la Fuerza de Superficie y la Base Naval del Callao.

Para el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el incremento responde a un proceso de recuperación de capacidades militares acumulado durante años. Al mismo tiempo, advirtió que las adquisiciones deben ser vigiladas para garantizar que el Estado compre lo necesario y al mejor costo.

Pero desde el sector Interior la lectura es distinta. El exviceministro Ricardo Valdés cuestionó que se reduzcan recursos para enfrentar una amenaza interna como la delincuencia mientras se incrementa el gasto destinado a una eventual amenaza militar externa.

Oposición exige cambiar prioridades

El debate parlamentario realizado este jueves mostró que el proyecto no tendrá un trámite sencillo.

La diputada Roxana Rocha cuestionó la asignación para seguridad ciudadana, mientras el diputado Ernesto Zunini alertó sobre la reducción de S/519 millones. Jennifer Paredes pidió, además, restituir S/430 millones para seguridad.

Los cuestionamientos alcanzaron también la distribución territorial de los recursos. Paredes sostuvo que el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1%, mientras que Renovación Popular denunció una reducción en determinados recursos para inversión regional y pidió priorizar las zonas rurales y urbano-marginales.

Beneficios tributarios y subsidios entran en la discusión

La discusión sobre las prioridades fiscales también alcanza los beneficios tributarios.

Durante el debate, el diputado Christian Aranda pidió transparentar estos beneficios, que según sus declaraciones superarían los S/24 mil millones. La OCDE, por su parte, ha planteado revisar los beneficios tributarios que no demuestren resultados suficientes.

Uno de los casos bajo cuestionamiento es el régimen preferencial para grandes agroexportadoras, cuya menor recaudación ha sido estimada en aproximadamente S/1.888 millones anuales.

El Gobierno también ha recurrido a subsidios temporales. En agosto anunció una subvención de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinada a determinados transportistas, con una vigencia inicial de tres meses. La medida fue presentada como respuesta al incremento internacional de los combustibles, pero especialistas cuestionaron su focalización y sostenibilidad.

Derechos laborales: otro frente abierto

La discusión presupuestaria ocurre además en medio de una disputa sobre la política laboral del Ejecutivo.

El Gobierno ha planteado al Congreso facultades para establecer un nuevo régimen laboral orientado a las MYPE, con un esquema de remuneraciones y beneficios que crecerían progresivamente. La propuesta contempla cambios que podrían reducir inicialmente gratificaciones, CTS y vacaciones para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.

Los sindicatos han rechazado la propuesta y sostienen que podría afectar derechos laborales. En agosto, trabajadores de construcción civil convocados por la CGTP marcharon hacia el Congreso para expresar su oposición a eventuales modificaciones regresivas.

Estas reformas, sin embargo, corresponden al pedido de facultades legislativas y no constituyen partidas específicas del Presupuesto 2027.

Una batalla por las prioridades del Estado

El proyecto presentado por el Gobierno no solo pone en discusión cuánto gastará el Estado en 2027. También abre una disputa sobre en qué debe gastar más y qué problemas considera urgentes.

El Ejecutivo defiende un presupuesto de S/266.506 millones con énfasis en seguridad, educación, salud y transporte. La oposición cuestiona que esa prioridad no se refleje completamente en la distribución interna de los recursos y pone bajo la lupa el aumento del gasto militar, los beneficios tributarios, la inversión regional y las políticas laborales.

La discusión recién comienza. El proyecto será analizado por las instancias parlamentarias correspondientes antes de su aprobación definitiva.

Lo que está en juego no es únicamente una cifra de S/266.506 millones. Es la definición de las prioridades económicas del primer año completo del Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad ciudadana frente a Defensa, gasto social frente a otras inversiones, beneficios económicos frente a mayor recaudación y flexibilidad laboral frente a derechos adquiridos.

El Congreso tendrá ahora que decidir si mantiene la distribución propuesta por el Ejecutivo o modifica las partidas para responder a las demandas que ya han puesto sobre la mesa las distintas bancadas.