Escándalo en «Obras por Impuestos»: Empresas cascarón se adjudican millones de soles bajo el gobierno de Boluarte

Una investigación de El Foco ha destapado un presunto esquema de irregularidades en el programa «Obras por Impuestos» (OXI) durante la gestión de Dina Boluarte, iniciado en diciembre de 2022. Según el informe, 130 proyectos por un total de S/ 2.198 millones fueron adjudicados a empresas «cascarón», entidades sin trabajadores registrados en la Sunat, con direcciones falsas o inexistentes y capital inflado mediante bonos de reconstrucción de dudosa validez. Estas compañías, concentradas en regiones como Áncash, Ica y Arequipa, habrían obtenido contratos en sectores clave como salud, educación y transporte, poniendo en riesgo la ejecución efectiva de obras destinadas a beneficiar a más de 22 millones de peruanos, según datos oficiales de ProInversión.

El programa OXI, gestionado por ProInversión, ha adjudicado 710 proyectos por S/ 12.839 millones desde 2009, con un récord de 126 proyectos por S/ 4.204 millones en 2024 y 94 adicionales por S/ 1.106 millones hasta mayo de 2025. Sin embargo, la investigación señala que al menos 15 empresas carecen de operatividad real, registrando domicilios en viviendas particulares o locales abandonados, lo que sugiere posibles actos de colusión o malversación. La falta de control concurrente por parte de la Contraloría y la ausencia de fiscalización del Congreso agravan las sospechas, ya que no se han identificado mecanismos efectivos para detectar estas anomalías en tiempo real.

El escándalo añade presión al gobierno de Boluarte, ya cuestionado por casos como el «Rolex» y presuntas firmas falsas en decretos. En redes sociales, la denuncia ha generado indignación, con miles de usuarios exigiendo intervención de la Fiscalía y auditorías inmediatas. Hasta el momento, ni ProInversión ni el Ejecutivo han respondido oficialmente, mientras el país espera esclarecer si estos S/ 2.198 millones realmente se traducirán en desarrollo o se perderán en un nuevo capítulo de corrupción. La ciudadanía y las autoridades deben actuar con urgencia para garantizar transparencia en un programa que, en teoría, busca cerrar brechas históricas de infraestructura.