Justicia selectiva: la prolongada prisión de Pedro Castillo y el debilitamiento democrático

La injusta prolongación de la prisión preventiva contra el profesor Pedro Castillo revela, una vez más, el rostro más cruel del racismo estructural y la persecución política que caracteriza al sistema judicial peruano. Esta decisión, lejos de sustentarse en argumentos jurídicos sólidos, transparenta el ensañamiento de una élite que nunca aceptó que un maestro rural de origen andino llegara a la presidencia por voluntad popular.

El argumento del «peligro de fuga» resulta no solo absurdo sino ofensivo cuando se aplica selectivamente contra quien representó las esperanzas de millones de peruanos históricamente marginados.

La reciente decisión del Poder Judicial de mantener la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo evidencia un patrón de justicia selectiva que socava los principios fundamentales del debido proceso en el Perú. La resolución, basada en argumentos poco sólidos sobre un supuesto peligro de fuga, contrasta dramáticamente con el tratamiento judicial hacia otros actores políticos vinculados a graves casos de corrupción y violación de derechos humanos gozan de libertad y privilegios judiciales.

Mientras Castillo permanece recluido en Barbadillo bajo sucesivas prisiones preventivas, el actual gobierno, surgido de circunstancias cuestionables, implementa medidas que erosionan sistemáticamente las instituciones democráticas. La administración de Dina Boluarte, respaldada por un Congreso con bajísima aprobación popular, continúa aplicando políticas que han generado profundo malestar social.

La democracia peruana enfrenta una crisis institucional donde los contrapesos necesarios para su funcionamiento parecen haber cedido ante presiones políticas, entre ellos el sistema judicial quien ha instrumentalizado la prisión preventiva no como una medida excepcional sino como un instrumento de control político. La extensión del plazo de detención, justificada con argumentos débiles sobre riesgo procesal, refleja una burda maniobra del sistema judicial que contradice principios básicos del Estado de Derecho.

El caso Castillo se ha convertido en un símbolo de esta crisis, donde las garantías procesales y los derechos fundamentales quedan subordinados a intereses que poco tienen que ver con la justicia.

La sociedad civil y los defensores de los derechos democráticos deben mantenerse vigilantes ante el debilitamiento sistemático de las garantías constitucionales que este caso representa.
La verdadera justicia no vendrá de tribunales comprometidos con intereses antidemocráticos, sino de la organización y movilización del pueblo. El Perú profundo, ese que fue brutalmente reprimido por defender su voto, mantiene viva la llama de la resistencia y no descansará hasta ver restaurada la verdadera democracia popular.

¡Libertad para Pedro Castillo!