Los “trabajadores fantasmas” de Fuerza Popular confirma que la organización de Keiko Fujimori no ha cambiado un ápice

Lima, 2 diciembre de 2025. – El reportaje de Cuarto Poder que mostró a empleados pagados con sueldo del Congreso cumpliendo funciones partidarias en la sede de Fuerza Popular en Santa Beatriz no es un hecho aislado: es la prueba más reciente de que el partido naranja sigue operando como una estructura diseñada para delinquir con recursos del Estado. Carmela Paucará, Jorge Llerena y Geraly Ulloa, todos con contratos de confianza y sueldos superiores a S/ 3 500, fueron filmados coordinando actividades políticas en horario laboral mientras deberían estar trabajando para el Parlamento, repitiendo el mismo modus operandi que en el pasado llevó a Keiko Fujimori y a decenas de sus dirigentes a prisión por lavado de activos y organización criminal.

La respuesta del fujimorismo fue la misma de siempre: cinismo y desprecio por la verdad. La congresista Auristela Obando primero negó conocer a su propio auxiliar Jorge Llerena y, horas después, se retractó con la excusa de que “ya se acordó”. Luis Galarreta, secretario general del partido, justificó el desfalco argumentando que “el trabajo político es trabajo congresal” y que “no recordar al comienzo no es culpa”. Ni una palabra de autocrítica, ni una sola medida correctiva real; solo la arrogancia de quien sabe que controla la Mesa Directiva del Congreso y que, hasta ahora, la impunidad ha sido la norma.

Veinte años después de los vladivideos, diez años después de los aportes falsos de Odebrecht y a cuatro meses de las elecciones 2026, Fuerza Popular demuestra que no ha aprendido nada ni pretende hacerlo. La organización que convirtió al Estado en botín familiar y partidario sigue intacta: los mismos rostros, los mismos métodos y la misma vocación delincuencial. Los peruanos ya no pueden seguir fingiendo sorpresa; solo queda decidir si en abril próximo premiarán nuevamente a quienes nunca dejaron de robarles.