¿Crisis inducida? El sangriento ataque en Trujillo que expone fallas de Inteligencia y alimenta sospechas de instrumentalización política

Trujillo, 31 de agosto de 2026.- El ataque armado en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, no fue un hecho aislado ni improvisado. Según la Policía Nacional, el secuestro fue planificado al menos desde hace tres meses, y los atacantes actuaron con uniformes, placas e insignias del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), simularon una intervención policial y usaron armas de guerra para anular cualquier resistencia. La operación, ejecutada en la madrugada del 30 de agosto, expone graves fallas en la prevención y contrainteligencia estatal.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, confirmó que Inteligencia sabía del riesgo desde meses atrás y que se había advertido a posibles blancos, incluyendo a Lara Tantaquilla. Sin embargo, el empresario, vinculado a investigaciones por lavado de oro ilegal, fue interceptado en la avenida Húsares de Junín por un comando que fingió ser policía. Las víctimas fueron Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez, todos parte de su equipo de seguridad.

El uso de uniformes, insignias y tácticas policiales por parte de los atacantes plantea una pregunta clave: ¿Cómo obtuvieron información, indumentaria y capacidad operativa para simular una intervención oficial? La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero el daño está hecho. Si el Estado tenía información previa, ¿por qué no actuó? ¿Hubo negligencia, infiltración o incluso participación indirecta de agentes estatales?

El programa «Beto a Saber» de Willax Televisión difundió imágenes exclusivas que muestran que la camioneta blanca de los falsos policías (Toyota Hilux) que seguían a las víctimas era, a su vez, seguida por una patrulla de la Policía Nacional con la circulina encendida en las inmediaciones del lugar de los hechos. Según el reportaje, la patrulla dobla en la misma dirección que los agresores durante el incidente, lo que genera nuevas y graves preguntas sobre la posible complicidad o negligencia de agentes estatales.

El corresponsal Ángel Chanta destacó que la camioneta de los agresores tenía un sticker con el nombre «El Cartel», lo que sugiere vinculación con organizaciones criminales que vigilaban al empresario. Además, el analista en seguridad Pedro Yaranga calificó la operación como de película, subrayando que los atacantes portaban armas de guerra con silenciadores y actuaron con tácticas especializadas, lo que refuerza la hipótesis de un comando organizado y no de delincuentes comunes.

En menos de 24 horas, la Policía anunció la captura de sospechosos y la liberación de Lara Tantaquilla, tras un operativo de inteligencia. Si el Estado tenía capacidad para localizarlo tan rápido, ¿por qué no evitó el ataque? Las autoridades vinculan preliminarmente a la organización criminal «Los Pulpos», pero la familia del empresario habría negociado un pago de US$ 3 millones por su rescate, según versiones extraoficiales.

El ataque ocurrió en una ciudad donde «Los Pulpos», una organización con décadas de operación en La Libertad, tienen capacidad para ejecutar secuestros, extorsiones y sicariatos. El exoficial de la PNP Robert Maraví advirtió que el nivel de planificación del secuestro revela inteligencia criminal previa, incluyendo seguimiento a la víctima y conocimiento de sus movimientos. ¿Quién filtró esa información?

Lara Tantaquilla está investigado desde 2020 por lavado de activos vinculado al comercio de oro ilegal, a través de empresas como Matwork y Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. Expertos en crimen organizado señalan que los delincuentes buscan víctimas con perfil económico alto o acceso rápido a recursos. ¿Fue el secuestro un ajuste de cuentas o una extorsión planificada?

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, exigió resultados inmediatos a la PNP, mientras la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, coordinó el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad. Sin embargo, el diputado Harvey Colchado criticó que el Ejecutivo pide facultades al Congreso sin modificar la Ley 31570, que limita el mandato del comandante general de la PNP. ¿Se busca ampliar el poder del Estado bajo el pretexto de la inseguridad?

Las cuatro personas asesinadas, dos guardias de seguridad y dos acompañantes, dejaron familias destrozadas. Christopher García, Luis Rojas, Farhad Monzón y Nadia Urtecho fueron acribillados en una operación que, según testigos, simuló una intervención policial. ¿Por qué no hubo reacción a tiempo?

No hay pruebas de que el Gobierno ordenara el ataque, pero sí hay señales de que la crisis podría ser instrumentalizada. La rapidez del rescate, el conocimiento previo del riesgo y la vinculación con organizaciones criminales exigen una investigación independiente que explore: ¿Quiénes en el Estado conocían la amenaza y no actuaron? ¿Cómo obtuvieron los delincuentes información y recursos policiales? ¿Por qué se permite que el miedo social justifique más poder para el Ejecutivo sin transparencia?

Ante las revelaciones de Beto Ortiz sobre la patrulla policial que seguía a los agresores, la sociedad exige una investigación independiente que aclare el rol de la patrulla en el seguimiento, la posible infiltración o complicidad de agentes estatales y la transparencia en el proceso de captura de los implicados.

La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero la presión social y mediática crece para que se esclarezcan estos nuevos elementos. La pregunta central sigue en pie: ¿Fue un crimen prevenible, una falla de Inteligencia o una operación con participación estatal? La respuesta solo puede construirse con evidencia, no con teorías.