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Detención de hermano de la presidenta Dina Boluarte desencadena una nueva crisis de vacancia
Sorprendente, el escenario político en Perú se ve sacudido por la detención preliminar del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, acusado de presunta participación en una organización criminal. Esta medida, ordenada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y respaldada por el Poder Judicial, tiene un plazo de 10 días y ha desencadenado una serie de allanamientos y registros destinados a recolectar pruebas.
El caso, bautizado como «Los Waykis en la Sombra», ha puesto bajo la lupa a figuras cercanas al círculo de poder de Boluarte, incluyendo a su abogado, Mateo Castañeda. Edwin Ugarte, otro implicado, se ha destacado por su presunta participación en un proyecto criminal relacionado con la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP) utilizando a prefectos y subprefectos de diversas regiones del país. Víctor Torres, señalado como operador, habría sido clave en esta trama.
Ante su traslado por la Diviac, Nicanor Boluarte clamó su inocencia, negando cualquier vínculo con actividades delictivas. Sin embargo, las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) sugieren lo contrario, acusándolo de liderar una red delictiva que influyó en la designación de funcionarios y en la creación de partidos políticos.
En medio de este escándalo, la presidenta Boluarte se pronunció en una conferencia de prensa, haciendo hincapié en su agenda gubernamental pero también en la necesidad de no distraerse con «asuntos menores». Esta declaración llega después de que la Fiscalía y la Diviac irrumpieran en la vivienda de su hermano y otros 21 investigados.
El contexto se complica aún más con acusaciones de uso indebido de poder por parte de la mandataria para influir en decisiones dentro de la Inspectoría General de la Policía Nacional y la remoción del coronel Harvey Colchado, quien estaba involucrado en investigaciones relacionadas con Nicanor Boluarte.
El revuelo político no se limita solo al ámbito judicial y gubernamental. La sociedad civil y expertos legales también se han pronunciado al respecto. Benji Espinoza, reconocido abogado penalista, ha señalado que la detención de Nicanor Boluarte estaría respaldada por evidencia inicial.
La presidenta Boluarte ha defendido a su hermano en repetidas ocasiones, desestimando las acusaciones en su contra como difamaciones. Sin embargo, la realidad parece imponerse, sumiendo al país en una nueva crisis política que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones y la moralidad de quienes las dirigen.