Crisis en Tacna: Perú tiene la obligación moral y legal de proteger a migrantes identificados y de buena conducta

Tacna, 28 de noviembre 2026.- Mientras decenas de ciudadanos venezolanos, colombianos y haitianos permanecen varados en la línea de frontera con Chile, organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional coinciden en que el Perú no puede cerrar los ojos ante quienes cumplen con los requisitos básicos de identificación y carecen de antecedentes penales. La mayoría de las personas bloqueadas en Chacalluta y Santa Rosa portan pasaporte o cédula de identidad vigente y han expresado su deseo de transitar hacia el norte o regularizar su situación en territorio peruano, muchos de ellos con vínculos familiares directos con ciudadanos peruanos: hijos nacidos en Perú, cónyuges peruanos o años de residencia legal previa.

El principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ambos ratificados por el Perú—, obliga al Estado a evaluar caso por caso antes de cualquier rechazo en frontera. La Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional Perú recordaron hoy que la mera irregularidad administrativa no justifica exponer a familias con niños, mujeres embarazadas y personas mayores a condiciones inhumanas en pleno desierto, donde las temperaturas caen bajo cero durante la noche. “El internacionalismo solidario que siempre ha caracterizado a los peruanos no puede limitarse a discursos: debe traducirse en un corredor humanitario temporal que permita el ingreso ordenado, registro biométrico y evaluación individual de cada solicitante”, señaló el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti.

Lejos de abrir las puertas sin control, las organizaciones proponen una solución práctica y humanitaria: habilitar un punto único de procesamiento en la frontera con presencia de Migraciones, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y observadores de la ONU, para otorgar salvoconductos de tránsito o permisos temporales a quienes acrediten buena conducta y ausencia de requisitorias. “No se trata de fomentar la migración irregular, sino de cumplir con nuestra propia Constitución y con los tratados que hemos suscrito. Rechazar indiscriminadamente a quienes huyen del hambre y la persecución sería traicionar el legado de solidaridad que Perú mostró con los exiliados chilenos, argentinos y bolivianos en décadas pasadas”, concluyó el constitucionalista César San Martín. El país tiene ahora la oportunidad de demostrar que la seguridad fronteriza y el respeto a la dignidad humana pueden —y deben— caminar de la mano.