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A un año de la masacre en Juliaca y otras regiones: Fiscalía formaliza cargos contra 20 agentes del Estado
La masacre de Juliaca el 9 de enero de 2023 marcó un triste hito en la lucha por la democracia y la justicia en el Perú. Aquel día, 18 personas, incluyendo 3 menores de edad, fueron asesinadas y cientos resultaron gravemente heridas por la violenta represión de las fuerzas policiales y militares contra las manifestaciones en contra del régimen de Dina Boluarte.
Más de un año después, finalmente se ha dado un paso importante hacia la justicia con la formalización de cargos contra 20 agentes estatales presuntamente responsables de estos hechos atroces. Sin embargo, el camino para esclarecer la verdad y lograr reparación para las víctimas sigue siendo arduo y lleno de obstáculos.
El Ministerio Público ha formalizado la investigación fiscal contra 20 agentes del Estado, entre ellos 19 policías y un miembro del Ejército, por el delito de homicidio calificado de 18 civiles y lesiones graves de otros 20 en la masacre de Juliaca, Puno.
La comunidad de Juliaca y las familias de las víctimas habían estado exigiendo justicia incansablemente desde aquel fatídico día. Lamentablemente, la justicia sigue siendo esquiva para muchas otras familias en el sur del país.
En Ayacucho, por ejemplo, 10 civiles fueron asesinados y 61 resultaron heridos, en su mayoría por disparos de bala, durante las protestas. Sus seres queridos aún esperan que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
La formalización de esta investigación en Juliaca es un paso importante, pero queda un largo camino por recorrer para que se haga justicia integral por todas las vidas segadas y los actos de barbarie cometidos por las fuerzas del Estado. Las familias de las víctimas merecen respuestas y una reparación civil por las vidas segadas, y el país entero exige que se ponga fin a la impunidad.
Amnistía Internacional ha documentado que en al menos diez de estos casos existe evidencia que sugiere posibles ejecuciones extrajudiciales, destacando un uso desmedido de la fuerza letal contra la población indígena. Los operativos policiales y militares presentaron graves irregularidades, violando los protocolos de intervención policial y militar, lo que agrava aún más los hechos.
Otras Regiones Aún Esperan Justicia
La formalización de esta investigación en Juliaca es un avance significativo, pero representa apenas el comienzo de un largo y difícil proceso para condenar a los autores de la barbarie cometidos por las fuerzas del Estado. Las familias de las víctimas en Juliaca y en otras regiones del sur del país merecen respuestas, reparación y garantías de no repetición. Mientras la impunidad siga predominando, la herida abierta en la sociedad peruana seguirá sangrando.
Este es el momento de demostrar que en el Perú nadie está por encima de la ley y que la vida y los derechos humanos, sin distinción alguna, son sagrados.