Economía
Reparos sobre las medidas extraordinarias del Gobierno para «salvar» Petroperú
En medio de un contexto marcado por incertidumbre y debates, el Gobierno ha publicado finalmente el Decreto de Urgencia (DU) para “salvar” a Petroperú, tras la renuncia del último directorio, encabezado por Oliver Stark, que sigue en funciones hasta que se designe uno nuevo.
El 13 de septiembre de 2024, el gobierno de Dina Boluarte emitió el Decreto de Urgencia N° 013-2024, estableciendo medidas extraordinarias en el ámbito económico y financiero. El objetivo es superar la delicada situación financiera de Petroperú S.A., asegurar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Entre las medidas aprobadas, destaca la capitalización de hasta 750 millones de dólares en favor de Petroperú, cubriendo el apoyo financiero transitorio otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2022, así como los intereses acumulados.
Sin embargo, se han levantado críticas respecto a algunas disposiciones del decreto, específicamente sobre la encomienda a Proinversión para gestionar la venta o disposición de los bienes inmuebles de la empresa, exceptuando aquellos críticos para su operación. Esta medida ha generado inquietud en ciertos sectores, ya que abre la puerta a la venta de activos estratégicos de Petroperú.
Reacciones en el Congreso
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, criticó el uso de recursos públicos para el rescate de Petroperú, señalando que estos fondos podrían haberse destinado a necesidades más urgentes, como proyectos de agua, salud, o el combate a los incendios forestales y la sequía en la Amazonía. «Ya son casi 8 mil millones de dólares destinados al salvataje de Petroperú, recursos que podrían haber ido a sectores prioritarios como la educación o la atención de emergencias», declaró el parlamentario el 15 de septiembre durante una ceremonia de reconocimiento a la atleta paralímpica Angélica Espinoza.
Por su parte la congresista Margot Palacios Huamán, luego de la renuncia del directorio liderado por Oliver Stark, había señalado ya que «Debe cerrarse ya el periodo de funcionarios neoliberales infiltrados en la administración pública saqueando los bienes del Estado. Necesitamos profesionales decentes, honrados y patriotas para reemplazar al directorio que hace bien en irse y cuyo propósito no era otro que rematarla, una empresa estratégica para la soberanía del país».
Crisis en el Directorio y respuesta del Ejecutivo
En cuanto a la crisis del directorio, el ministro de Economía, José Arista, indicó que los tres miembros designados por el MEF han manifestado su intención de permanecer en sus cargos. Esto, según el ministro, es positivo para la continuidad del proceso de reestructuración, ya que «mantener el equipo actual permite avanzar en el diseño de los términos de referencia para la contratación de una firma especializada que liderará la transformación de la empresa».
Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, informó que el nuevo directorio de Petroperú se definirá en breve, con la designación de un nuevo presidente y la evaluación de los miembros que podrían continuar en sus funciones. Mucho subrayó la importancia de garantizar la viabilidad de Petroperú, señalando que una eventual paralización afectaría gravemente la distribución de combustibles en todo el país.
El Ejecutivo también ha anunciado medidas para mejorar la liquidez de la empresa, refinanciar deudas y reducir costos operativos en el marco de un plan de austeridad. Entre estas acciones destaca la contratación de una firma especializada para implementar el «Proceso de Transformación Integral» de Petroperú, que incluirá estrategias operativas, financieras y de sostenibilidad a largo plazo.
En ese contexto, algunos medios nacionales, han dado a conocer que el Gobierno finalmente habría propuesto al catedrático Alejandro Narváez Liceras como presidente de Petroperú, pese a sus últimas declaraciones a la prensa, en el que despotricó contra el directorio de Oliver Stark, pero que en última instancia, estaría en la línea de lo que Palacio desea hacer con la empresa estatal de petróleos del Perú.
