La legalización del financiamiento privado: Una amenaza a la democracia peruana

La reciente aprobación de la restitución del financiamiento privado a los partidos políticos por parte de la Comisión Permanente representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción política en el Perú. Lejos de fortalecer nuestra democracia, esta medida abre la puerta a la infiltración de intereses empresariales en las decisiones del Estado.

Es ingenuo creer que las grandes corporaciones donarán fondos a los partidos por un genuino compromiso con la democracia. En la práctica, estas contribuciones funcionan como inversiones estratégicas para asegurar influencia política y protección legislativa a sus intereses comerciales.

La nueva normativa no solo legitima la captura del Estado por parte de intereses privados, sino que institucionaliza un sistema de «hipotecas políticas», donde los partidos quedan atados a los financistas que sostienen sus campañas. Las bancadas parlamentarias, en lugar de representar al pueblo, corren el riesgo de convertirse en extensiones de agendas empresariales que priorizan beneficios corporativos sobre el bienestar común.

En un país con profundas desigualdades económicas, esta ley amplifica el poder de los grupos económicos más influyentes, otorgándoles una vía legal para intervenir directamente en la política nacional. Pero lo que la democracia peruana realmente necesita es mayor transparencia, independencia institucional y un compromiso auténtico con el interés público, no más presencia empresarial en sus decisiones políticas.

Esta decisión legislativa trasciende el error político: constituye una traición a los principios democráticos que deberían guiar nuestras instituciones. La Comisión Permanente ha optado por privilegiar los intereses privados sobre el bien común, legalizando lo que, en esencia, es una sofisticada forma de captura del Estado.