CGTP y gremios agrarios rechazan «Ley Chlimper 2.0»: advierten grave impacto en soberanía alimentaria y privilegios fiscales para agroexportadoras

A menos de dos semanas para el cierre de la actual legislatura, el Congreso de la República evalúa aprobar el dictamen de la polémica «Ley Chlimper 2.0», una propuesta que busca reducir sustancialmente la carga tributaria de las grandes empresas agroexportadoras. La iniciativa ha sido duramente criticada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y diversos especialistas, quienes advierten que la norma no solo desfinanciaría al Estado, sino que también representa una amenaza directa a la soberanía alimentaria del país.

Beneficios para unos pocos, costo para todos

Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por bancadas afines al modelo agroexportador, la ley propone mantener hasta 2035 una tasa reducida del Impuesto a la Renta del 15% para las empresas del sector, congelar los aportes patronales a EsSalud en 6% y extender beneficios como la devolución anticipada del IGV, la depreciación acelerada y la exoneración del ITAN. Además, introduce un crédito tributario por reinversión del 20%, aplicable hasta el 70% de las utilidades anuales.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la aprobación del proyecto representaría un costo fiscal de S/1.850 millones anuales y hasta S/20.000 millones en una década. Estos recursos dejarían de invertirse en sectores clave como salud, educación o infraestructura rural.

Soberanía alimentaria en riesgo

Para gremios agrarios como Conveagro, la medida profundiza el desequilibrio entre el agro exportador y la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos que consume el país. “La ley es un golpe mortal a la soberanía alimentaria. Se privilegia a grandes corporaciones que exportan espárragos, arándanos o paltas, pero se deja en el abandono a los pequeños productores que abastecen los mercados locales”, señalaron.

Además, advierten que el modelo agroexportador prioriza cultivos intensivos en agua en regiones afectadas por el estrés hídrico, como Ica y La Libertad, y se desarrolla en detrimento de ecosistemas frágiles, afectando a comunidades campesinas y a los recursos naturales.

Desprotección laboral y favorecimiento empresarial

La CGTP denunció que el dictamen busca reinstaurar privilegios tributarios para conglomerados empresariales como Camposol, Danper o Cerro Prieto, que concentran más del 90% de los ingresos del sector. En paralelo, el 94% de los trabajadores agrarios mantienen contratos temporales, lo que impide la continuidad de aportes a salud y pensiones, y debilita la libertad sindical, actualmente en un mínimo histórico del 2%.

“El Congreso pretende beneficiar a quienes más tienen, sin exigirles compromisos laborales, ambientales ni sociales. Se trata de un régimen hecho a la medida del gran capital agroexportador”, indicó el gremio sindical en un pronunciamiento.

¿Reforma agraria o retroceso fiscal?

El dictamen ha sido presentado como parte de una “nueva reforma agraria” por sus impulsores en el Legislativo. Sin embargo, expertos como Eduardo Zegarra y Fernando Cuadros han cuestionado esta narrativa. “No hay reforma agraria cuando se premia al gran agro sin tocar los problemas estructurales de la pequeña agricultura. Esta es, en realidad, una contrarreforma tributaria”, sentenció Cuadros.

Aunque su debate en el Pleno fue postergado, la Comisión Permanente —que retiene facultades legislativas— mantiene la norma en agenda, alimentando las sospechas de una aprobación apresurada antes del receso parlamentario.