Nueva Ley Agraria aprobada genera preocupación por sus impactos negativos en trabajadores y pequeños agricultores

El Congreso de la República del Perú aprobó hoy, 14 de agosto de 2025, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, conocida como «Ley Chlimper 2.0», con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. La norma, que reduce el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para agroexportadoras con ventas superiores a S/ 8.4 millones hasta 2035, ha desatado críticas por sus potenciales efectos negativos en los trabajadores agrarios y los pequeños y medianos agricultores.

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro advierten que la ley profundiza la precariedad laboral y la desigualdad en el sector, favoreciendo principalmente a grandes empresas agroexportadoras nacionales y foráneas.

Los trabajadores agrarios enfrentan un panorama preocupante, ya que la ley perpetúa condiciones laborales precarias, como contratos temporales para el 94% de los empleados del sector, bajos salarios y aportes reducidos a EsSalud (4% frente al 9% estándar), según Fentagro. Además, se critica la debilitación de la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que podría agravar abusos en el sector.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un costo fiscal de S/ 1,850 millones anuales, lo que limita la inversión en servicios públicos esenciales como salud y educación, afectando directamente a las comunidades rurales donde operan estos trabajadores.

Para los pequeños y medianos agricultores, que representan el 97% de las unidades productivas y proveen el 80% de los alimentos para el mercado interno, la ley supone una amenaza a su competitividad. Conveagro y otros gremios denuncian que la norma desvía programas de apoyo, como Agroideas y Agromercado, hacia grandes agroexportadoras, desplazando a la agricultura familiar. Esto genera una competencia desleal que podría profundizar las brechas económicas y sociales, aumentando el riesgo de conflictos sociales. Los gremios exigen una revisión técnica y participativa para garantizar una política agraria equitativa que priorice la sostenibilidad y la inclusión.