Congreso intenta desviar caso Andrea Vidal y niega relación con red de prostitución

El asesinato de Andrea Vidal, exabogada del Congreso de la República, sigue generando controversia, esta vez debido a la hipótesis promovida por congresistas ligados a la mesa directiva. Según esta versión, el ataque no estaba dirigido a Vidal, sino al taxista que la transportaba, José Daniel Vargas Briceño, quien recibió 16 impactos de bala. Esta narrativa busca desvincular el crimen de las investigaciones sobre una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

El Congreso difundió un supuesto análisis balístico elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP), en el que se respalda la idea de que los sicarios tenían como objetivo al conductor del vehículo. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía han desestimado este informe, señalando que carece de validez legal, ya que no cuenta con los sellos, firmas ni los logotipos oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El comunicado emitido por el Parlamento subraya que Andrea Vidal fue “una víctima más del sicariato” y desvincula el hecho de las denuncias por explotación sexual dentro del Congreso. Esta postura es respaldada principalmente por congresistas que han negado la existencia de la red de prostitución, como el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien afirmó que no hay pruebas concretas sobre el caso y criticó el trabajo de la Comisión de Fiscalización.

De acuerdo con la necropsia oficial, Andrea Vidal recibió siete impactos de bala que perforaron zonas vitales como el tórax, la cadera y la cabeza, lo que finalmente le provocó la muerte. El ataque ocurrió el 9 de diciembre de 2023, mientras se dirigía a la casa de sus padres en La Victoria. A pesar de la gravedad del crimen, hasta la fecha no se ha identificado ni detenido a los responsables materiales del ataque.

Por su parte, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre una red de proxenetismo que operaría desde la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde trabajaba Vidal. Se ha citado a declarar a sus excompañeras Isabel Cajo y Alexandra Gil, así como al expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, como parte de las diligencias.

La intención de modificar las causas del asesinato de Andrea Vidal ha generado críticas en la opinión pública, que percibe estas acciones como un intento de encubrir a los responsables detrás de la red de prostitución denunciada. Este caso pone en entredicho la transparencia y la ética en el manejo de las investigaciones en el Congreso.