Crédito suplementario de S/ 9,596 millones entra en fase decisiva: Congreso suspende debate para destrabar millonario presupuesto nacional

Lima, 09 de julio 2026.- La Comisión Permanente del Congreso ingresó a una etapa decisiva en el análisis del Proyecto de Ley N.º 14799/2025-PE, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita la aprobación de un crédito suplementario superior a los S/ 9,596 millones para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios esenciales del Estado, evitar la paralización de obras en ejecución y asegurar los recursos logísticos para las Elecciones Regionales y Municipales. Tras más de dos horas de intenso debate, la sesión fue suspendida mediante un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio que permita alcanzar consensos políticos.

El pedido fue formulado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), quien explicó que durante el cuarto intermedio se trabajará de manera coordinada con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El propósito es incorporar diversas demandas planteadas por congresistas de distintas regiones sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas ni alterar la sostenibilidad fiscal del Estado.

El proyecto contempla dos grandes fuentes de financiamiento. La primera corresponde a S/ 5,435 millones, que serán incorporados por los gobiernos regionales y locales mediante saldos de balance y mayores ingresos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, conforme al artículo 27 de la iniciativa legislativa. La segunda comprende S/ 4,160 millones provenientes del Gobierno Central, de los cuales S/ 2,900 millones serán financiados con Recursos Ordinarios del Tesoro Público y S/ 1,260 millones mediante la emisión interna de bonos soberanos.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la situación de los trabajadores sujetos al régimen CAS. Durante el debate, diversos parlamentarios cuestionaron la eliminación de una disposición del dictamen original que establecía una implementación progresiva del pago del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones, iniciando con un reconocimiento del 10 % y extendiendo el proceso hasta el año 2030. Legisladores y representantes de gremios consideraron excesivo ese plazo, por lo que solicitaron una alternativa financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios laborales.

Otro punto de fuerte discusión estuvo relacionado con la transparencia en la distribución de los recursos destinados a gobiernos locales. Diversos congresistas exigieron al MEF detallar con precisión qué municipalidades serán beneficiadas y cuáles serán las obras específicas que recibirán financiamiento, rechazando asignaciones bajo conceptos generales como «proyectos de desarrollo local». Los legisladores demandaron que el presupuesto identifique claramente proyectos de infraestructura educativa, saneamiento, puentes, carreteras y sistemas de agua potable para garantizar un adecuado control del gasto público.

En paralelo, especialistas en materia económica y organismos vinculados al control del gasto público han advertido sobre la necesidad de sustentar técnicamente cada una de las partidas incluidas en el crédito suplementario. Los analistas sostienen que, si bien la inyección de recursos resulta necesaria para mantener la ejecución de inversiones y servicios del Estado, también debe preservarse la disciplina fiscal, especialmente en un contexto de transición hacia un nuevo gobierno y de mayores exigencias presupuestales para el proceso electoral.

La Comisión Permanente mantiene facultades legislativas delegadas para debatir y aprobar esta iniciativa antes de que concluya el actual periodo legislativo. El resultado de las negociaciones durante el cuarto intermedio será determinante para definir si el Congreso autoriza uno de los mayores créditos suplementarios de los últimos años, una decisión que impactará directamente en la ejecución de obras públicas, la gestión de los gobiernos regionales y municipales, así como en la organización de las próximas elecciones en el país.