Gobierno anuncia ofensiva legal contra cuatro leyes laborales y los trabajadores peruanos alistan movilizaciones

Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirmó que se impugnarán las normas que otorgan gratificaciones y CTS al régimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del régimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y policías. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ofensiva no es homogénea. El MEF interpondrá directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones —32581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)— ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constitución para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.

La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a más de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglamentó el pago de forma gradual: este año equivale al 10 % de la remuneración (mínimo S/300) y subirá hasta el 100 % recién en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.

Esta gradualidad ya provocó el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a más de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el espíritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisión del Ejecutivo y el gremio ya anunció movilizaciones para exigir el pago íntegro. Para ellos, no es un tema técnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.

La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensión de maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S/8.000 millones. El reglamento aún no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento «la norma nace muerta» y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.

La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del régimen 276 en regiones, con un costo estimado de S/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Perú, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas técnicas con el MEF y defienden la homologación. El Congreso modificó en marzo pasado algunos artículos y estableció un nuevo plazo para su reglamentación.

La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y policías. El Consejo Fiscal estima su impacto en S/46.000 millones en valor presente —compromisos futuros, no un desembolso anual—. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y contó con el impulso del congresista José Cueto, quien la defendió como una reforma de largo plazo.

El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el déficit fiscal podría saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda pública y el riesgo país. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: ¿puede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante años regímenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigmático: fue el expresidente José María Balcázar quien promulgó la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.

El escenario es, así, una batalla por los límites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptarán que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontación, advierten, podría volver a las calles en las próximas semanas.