Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en rechazo a medidas privatistas

El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.