El Gobierno tambalea ante la crisis hídrica provocada por la minería en la cuenca del río Coralaque

La situación en Moquegua sigue siendo de máxima preocupación. La región, golpeada por los efectos devastadores de la minería en sus cuencas hídricas, ha dado una última tregua al Gobierno central, exigiendo soluciones urgentes antes del 15 de enero de 2025. Esta medida, resultado de intensas reuniones entre autoridades locales y representantes del Ejecutivo, busca atender la creciente crisis medioambiental y social generada por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo, así como la peligrosa presencia de metales pesados en la población.

La minería, especialmente la unidad Florencia-Tucari de Aruntani S.A.C., ha sido señalada como la principal responsable de la devastación ecológica. Antes de su intervención, los ríos eran claros y ricos en biodiversidad, siendo vitales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. Hoy, sin embargo, el agua está envenenada, los peces han desaparecido y la población enfrenta una creciente crisis de salud por la exposición a altos niveles de arsénico y otros contaminantes.

La crisis social y sanitaria: una bomba de tiempo

Uno de los acuerdos alcanzados en las reuniones recientes fue la transferencia de fondos por parte del Ejecutivo para atender a los niños afectados por arsénico, una medida necesaria pero tardía, que llega cuando los daños ya son irreversibles para muchas familias. La población de Moquegua ha vivido durante años con la amenaza de metales pesados en sus venas, y aunque las autoridades han prometido recursos para la atención médica, la urgencia de la situación parece haberse visto eclipsada por la falta de acción en el terreno.

Gabriela Chipana, una de las voces más críticas de la región, ha calificado los avances como «a medio caña», señalando que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes y que la respuesta ante los daños causados por las empresas mineras sigue siendo superficial y burocrática. La creación de la «Mesa Técnica para el Desarrollo Integral de Moquegua» es una de las medidas recientes aprobadas por el Gobierno, pero las expectativas son bajas. El temor es que, una vez más, el Estado actúe solo ante la presión y no se comprometa a una solución a largo plazo que garantice la recuperación del agua y la biodiversidad de la región.

El cierre de la minera Aruntani

Uno de los acuerdos más mediáticos fue el anuncio del cierre definitivo de la unidad minera Florencia-Tucari, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Resolución Ministerial 458-2024. Sin embargo, muchos expertos y líderes sociales en Moquegua consideran que este cierre, aunque importante, llega demasiado tarde y no es suficiente para remediar los estragos ya causados. De hecho, las mineras de la misma empresa, como «Arasi», también han sido señaladas por incumplir los planes de cierre desde 2019, lo que pone en evidencia la falta de control y las deficiencias en las políticas medioambientales del Gobierno.

Aunque la resolución contempla la ejecución de un plan de remediación, mitigar los efectos de décadas de explotación minera descontrolada en la cuenca del río Coralaque será una tarea titánica. El agua, esencial para la vida, se ha convertido en un agente de muerte para muchas comunidades, y la solución a esta crisis requiere de un compromiso real y sostenido del Estado, no solo de promesas a corto plazo.

Los plazos se acortan

El 15 de enero será la fecha límite para que el Gobierno demuestre avances significativos. Si no se logran avances concretos en la recuperación de las cuencas hídricas y en la atención integral de las comunidades afectadas, no se descarta un reinicio de huelgas y protestas. El Frente de Lucha Regional, compuesto por las tres provincias de Moquegua, se mantiene firme en su postura y ha advertido que las acciones del Gobierno seguirán bajo estricta vigilancia.

Los ciudadanos de Moquegua han hablado claro: no hay más tiempo para palabras vacías. Las soluciones deben ser inmediatas y profundas, no solo en términos de cierre de minas, sino en la restauración de los ecosistemas y en la mejora de las condiciones de vida de la población. La crisis hídrica no se resuelve con medidas puntuales, sino con una estrategia integral que incluya la reparación del daño ambiental, la atención de los problemas sanitarios y el impulso a proyectos productivos sostenibles.

La balanza se inclina hacia el abismo

El Gobierno ha mostrado señales de querer actuar, pero los resultados concretos hasta ahora son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La lucha de Moquegua por salvar sus recursos hídricos y su vida, ha sido larga y difícil. El 15 de enero será un día crucial para saber si el Estado está dispuesto a corregir sus errores del pasado o si Moquegua tendrá que seguir luchando por la vida y el agua, sin más que promesas rotas en el horizonte. La tregua social otorgada por la región es solo una pausa, y el tiempo para que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos se agota rápidamente.