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ONPE impone multa de S/198 mil a Fuerza Popular por uso indebido de fondos públicos

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido político Fuerza Popular con una multa de S/198 mil tras detectar presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD), recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas para actividades específicas establecidas por ley.

Según la resolución administrativa, la agrupación liderada por Keiko Fujimori habría destinado parte de estos fondos al pago de defensa legal de dirigentes y miembros de su cúpula partidaria, un uso que excede los fines permitidos por la normativa electoral vigente.

La ONPE precisó que el Financiamiento Público Directo debe emplearse exclusivamente en actividades de capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y funcionamiento ordinario del partido. Sin embargo, la fiscalización detectó desembolsos vinculados a honorarios de abogados que participaron en procesos judiciales personales de dirigentes de Fuerza Popular, incluida la propia Fujimori.

El organismo electoral consideró que estos gastos constituyen una infracción grave al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, debido a que los recursos públicos no pueden ser utilizados para afrontar contingencias legales de carácter individual.

Fuerza Popular apelará sanción

Tras conocerse la medida, Keiko Fujimori cuestionó duramente a la ONPE y calificó a la institución como “desacreditada”. Además, sostuvo que la sanción responde a una supuesta persecución política contra su agrupación.

La lideresa de Fuerza Popular también criticó los criterios aplicados por el ente electoral para evaluar los gastos partidarios y afirmó que buscan perjudicar a su organización de cara a futuros procesos electorales.

En esa línea, la personería legal del partido anunció que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar y resolver el caso en definitiva.

La defensa de Fuerza Popular argumenta que los gastos en asesoría legal forman parte del funcionamiento ordinario del partido, especialmente en un contexto que consideran de “judicialización de la política”.

Especialistas advierten precedente

Especialistas en derecho electoral señalaron que esta sanción podría marcar un precedente importante en la supervisión del uso de recursos públicos asignados a los partidos políticos.

Recordaron que el Financiamiento Público Directo tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática mediante la formación de cuadros técnicos, la elaboración de propuestas y el funcionamiento administrativo de las organizaciones políticas, y no para cubrir gastos judiciales personales.

Rubro autorizado por leyUso observado por ONPEConsecuencia
Capacitación y formaciónDefensa legal de dirigentesMulta de S/198 mil
Funcionamiento ordinarioGastos judiciales personalesPosibles sanciones adicionales

La resolución también advierte que, de repetirse este tipo de conductas, Fuerza Popular podría enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos públicos.

De confirmarse la multa en segunda instancia, el partido deberá asumir el pago correspondiente o aceptar que el monto sea descontado de futuras asignaciones presupuestarias.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el control sobre el uso de recursos provenientes del Estado.

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