El Gobierno de Keiko Fujimori declaró en emergencia por 60 días cinco penales considerados de alta peligrosidad: Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones o El Milagro, Miguel Castro Castro y Ancón I. La medida busca determinar si las cárceles están siendo utilizadas como centros de coordinación de organizaciones criminales hacia el exterior.

Lima, 06 de setiembre de2026.- La decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, incluye los establecimientos penitenciarios y un perímetro exterior de hasta 200 metros. El Ejecutivo sostiene que desde estos penales se estarían coordinando delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas mediante celulares, tarjetas SIM y otros medios de comunicación ilegales.

El diagnóstico que sustenta la medida señala que estos cinco establecimientos concentran aproximadamente el 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. El Gobierno considera que el control de las comunicaciones y del entorno penitenciario es clave para impedir que las redes delictivas continúen operando desde prisión.

PNP y FF. AA. toman el perímetro

Durante la emergencia, la PNP asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, principalmente en los exteriores de los penales. El INPE mantendrá la administración y custodia interna. Las operaciones incluirán vigilancia terrestre, control del espacio aéreo y del espectro electromagnético, además de retenes y controles en los accesos.

La intervención también permitirá reforzar las requisas y decomisar celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos. El primer despliegue comenzó en el penal El Milagro de Trujillo, donde el Gobierno anunció equipos tecnológicos para mejorar la detección de objetos y fortalecer la seguridad.

¿Quién controla realmente las cárceles?

La pregunta central es si las organizaciones criminales están utilizando efectivamente los penales como centros de mando hacia el exterior y, de ser así, qué nivel de control mantienen sobre las comunicaciones y operaciones delictivas.

El propio diagnóstico oficial revela problemas estructurales: sobrepoblación penitenciaria, déficit de agentes de seguridad, ingreso de celulares y armas y fallas en equipos de control. En El Milagro, por ejemplo, se reportaron equipos de inspección que permanecían fuera de funcionamiento.

El reto será demostrar resultados

La emergencia compromete directamente a Justicia, Interior y Defensa, bajo la conducción política del Gobierno. Pero el despliegue de policías y militares será insuficiente si no logra cortar las comunicaciones clandestinas, identificar a quienes dirigen las operaciones y desarticular las redes que conectan a los internos con sus cómplices en el exterior.

La pregunta que deberá responder el Gobierno durante estos 60 días es concreta: ¿las órdenes de extorsión, sicariato y otras actividades criminales están saliendo de las cárceles y quiénes las están impartiendo?