Estados de Emergencia se prolongan mientras la violencia desafía la capacidad del Estado en el VRAEM y Arequipa

VRAEM, 7 de julio 2026.- El Gobierno decidió prorrogar el Estado de Emergencia en diversos distritos de las regiones Cusco, Junín y Ayacucho como parte de la estrategia de combate contra el narcotráfico y los remanentes de organizaciones terroristas que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Sin embargo, la continuidad de esta medida excepcional vuelve a abrir el debate sobre la efectividad de una política de seguridad que, pese a extenderse durante años, no ha logrado erradicar las amenazas que justificaron su implementación.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional resulta indispensable para impedir el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. No obstante, especialistas en seguridad y diversos sectores políticos advierten que la renovación constante del Estado de Emergencia evidencia también las limitaciones del Estado para consolidar una presencia institucional sostenible en el VRAEM, donde persisten problemas estructurales como la pobreza, la limitada infraestructura, la débil presencia de servicios públicos y las economías ilegales.

La prórroga permite restringir determinados derechos constitucionales y mantener operaciones militares y policiales de gran escala. Sin embargo, analistas consideran que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia integral que incluya desarrollo económico, fortalecimiento de la justicia, inteligencia financiera y lucha contra las redes de corrupción que facilitan la expansión del narcotráfico. De lo contrario, sostienen, las medidas extraordinarias corren el riesgo de convertirse en una respuesta permanente frente a un problema que sigue sin resolverse de manera estructural.

Mientras tanto, Arequipa enfrenta un escenario distinto, pero igualmente preocupante. La reciente escalada de violencia vinculada a facciones de Construcción Civil y los enfrentamientos registrados en la capital regional han encendido las alarmas sobre el crecimiento del crimen organizado en una ciudad que hasta hace pocos años no figuraba entre las principales zonas de conflicto por este tipo de delitos. La situación ha incrementado la presión sobre las autoridades regionales y el Ministerio del Interior para recuperar el control del orden público.

A ello se suma la investigación por la balacera ocurrida en el distrito de Paucarpata, donde una persona murió y varias resultaron heridas. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto ajuste de cuentas, un patrón delictivo que evidencia la mayor capacidad operativa de organizaciones criminales para resolver disputas mediante la violencia armada. El caso ha reavivado las críticas por la insuficiente capacidad preventiva de los organismos de seguridad y por la lenta respuesta frente al incremento de estos hechos.

En el plano político, la coincidencia entre la prolongación del Estado de Emergencia en el VRAEM y el aumento de episodios violentos en ciudades como Arequipa vuelve a colocar la seguridad ciudadana entre los principales desafíos del Gobierno. Diversos especialistas consideran que las medidas excepcionales, por sí solas, ya no bastan para contener el avance del crimen organizado y que el país requiere una política nacional que articule inteligencia, persecución patrimonial, fortalecimiento del sistema judicial, control territorial y prevención social del delito.

Con la inseguridad consolidándose como una de las mayores preocupaciones de la población, crecen también las exigencias para que el Ejecutivo presente resultados concretos más allá de las sucesivas prórrogas de emergencia. Para diversos sectores, el reto ya no consiste únicamente en ampliar medidas extraordinarias, sino en demostrar que el Estado puede recuperar el control de los territorios más vulnerables y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante políticas públicas sostenibles y de largo plazo.