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Iván Quispe Palomino demanda a Premier Gustavo Adrianzén y Ministro Juan José Santiváñez por difamación agravada y exige 1.5 millones de soles

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Iván Quispe Palomino ha interpuesto una denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, exigiendo una compensación de 1.5 millones de soles.

La querella incluye acusaciones de difamación agravada, alegando que ambos funcionarios difundieron públicamente declaraciones falsas que lo relacionaron con el terrorismo, en particular, como el segundo al mando de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Quispe Palomino sostiene que estas acusaciones, hechas a nivel nacional, son infundadas y han afectado gravemente su honor, causándole daños morales y psicológicos. En su demanda, enfatizó que no tiene ningún vínculo con el grupo terrorista, y argumentó que las declaraciones públicas de Adrianzén y Santiváñez “lesionaron su dignidad personal y su entorno social”.

Iván Quispe Palomino fue presentado falsamente como el 2do mando de Sendero Luminoso

La controversia se originó el 16 de octubre, cuando fue detenido por la Policía Nacional en el marco del operativo «Génesis» y presentado como un alto mando del grupo terrorista. Sin embargo, tras su detención, el Poder Judicial determinó que había sido confundido con Demetrio Víctor Quispe Palomino, líder de Sendero Luminoso, quien usa alias como “José” e “Iván”, entre otros. Dos días después, fue liberado tras comprobarse la homonimia.

El ministro Santiváñez defendió la captura en su momento, describiendo a Quispe Palomino como “coordinador nacional de Sendero Luminoso”, lo que generó reacciones inmediatas de expertos, como Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, quien descartó cualquier vínculo reciente del acusado con la organización, indicando que abandonó las filas terroristas hace dos décadas.

Ante esta situación, Quispe Palomino solicitó que “la justicia aplique la ley penal y sancione punitivamente” a ambos ministros por dañar su reputación con “afirmaciones falsas de incriminación delictiva” que, según él, han perjudicado su vida personal y profesional.

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