Congresista Margot Palacios denuncia a jueces supremos por presunta vulneración al debido proceso en juicio contra Pedro Castillo

Lima – La congresista no agrupada Margot Palacios Huamán presentó una denuncia constitucional contra los jueces supremos Norma Beatriz Carbajal Chávez, Iván Salomón Guerrero López y José Antonio Neyra Flores, integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lleva el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

La acción legal, respaldada por la bancada Juntos por el Perú, acusa a los magistrados de afectar el debido proceso y los principios del Estado de Derecho, luego de que la jueza Carbajal emitiera una opinión anticipada sobre el caso.

Los argumentos de la denuncia

Según el documento, la magistrada Carbajal habría vulnerado su imparcialidad al referirse previamente al delito de rebelión –uno de los cargos contra Castillo– al afirmar en una resolución que este crimen “no necesariamente implica el uso de armas”. Palacios sostiene que dicha declaración anticipa un criterio antes del juicio, lo que afectaría las garantías de un proceso justo.

Además, cuestiona a los jueces Guerrero López y Neyra Flores por no haber exigido la inhibición de Carbajal, permitiendo que continúe en el tribunal.

Declaraciones de la congresista

“Cuando una jueza del más alto tribunal del país anticipa su postura sobre una causa judicial, no solo vulnera su deber de imparcialidad, sino que atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho”, afirmó Palacios.

“La justicia no puede ni debe estar subordinada a intereses políticos ni actuar como brazo ejecutor de agendas ideológicas o mediáticas”, añadió, calificando la situación como una “grave alerta” para la democracia peruana.

Impacto en el juicio contra Castillo

El proceso judicial, iniciado el 4 de marzo de 2025, acusa a Castillo de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público por su intento de disolver el Congreso en 2022. La Fiscalía pide 34 años de prisión, mientras el exmandatario denuncia una “farsa judicial”, que es apoyado por diversos juristas nacionales e internacionales, pero el proceso continúa en automático.

La denuncia de Palacios busca que se investigue a los magistrados por presunta infracción constitucional y se tomen medidas para garantizar la imparcialidad del juicio. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial en un Perú marcado por la polarización política.