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Congreso bicameral de Perú: 100 días y apenas dos leyes aprobadas

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Casi 800 iniciativas legislativas ingresaron al nuevo Parlamento, pero la producción normativa sigue siendo reducida. La Cámara de Diputados enfrenta cuestionamientos por su escasa capacidad para convertir sus propuestas en leyes, mientras el Senado concentra la revisión definitiva y marca el ritmo de la agenda parlamentaria.

Lima, 16 de noviembre de 2026.- Los primeros 100 días del Congreso bicameral peruano dejan un balance que abre interrogantes sobre la utilidad, eficiencia y funcionamiento del nuevo sistema parlamentario: 779 iniciativas legislativas presentadas hasta el 5 de noviembre y apenas dos leyes aprobadas y promulgadas, según los balances periodísticos publicados sobre el desempeño de ambas cámaras.

El retorno a la bicameralidad, que debía establecer un sistema de mayor deliberación y revisión legislativa, ha incorporado nuevos procedimientos que están ralentizando el trámite de las propuestas. Mientras los diputados presentan proyectos y debaten iniciativas, el Senado tiene la atribución de revisarlas, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas. Esta distribución de competencias ha generado cuestionamientos sobre el verdadero peso político y legislativo de la Cámara Baja.

Diputados: muchas iniciativas, pocos resultados

La cantidad de proyectos presentados contrasta con los resultados alcanzados. Según El Comercio, hasta el 5 de noviembre se habían registrado 779 iniciativas legislativas. Sin embargo, una parte importante permanecía en las comisiones, sin dictamen o pendiente de avanzar hacia el pleno.

Un balance posterior de La República informó que la Cámara de Diputados había dado aprobación a diez proyectos, de los cuales dos consiguieron completar el procedimiento legislativo. El propio titular de esa publicación consigna ocho proyectos, aunque su desarrollo señala diez, una diferencia que requiere precisión estadística.

La situación evidencia que presentar iniciativas no significa producir leyes ni generar cambios concretos en la legislación. La actividad parlamentaria debe medirse también por la capacidad de debatir, aprobar y convertir las propuestas en normas que respondan a los problemas del país.

¿Una Cámara de Diputados subordinada al Senado?

Uno de los principales cuestionamientos al nuevo diseño parlamentario es la distribución del poder entre las dos cámaras.

En la práctica, la Cámara de Diputados aparece como la instancia que recibe, procesa y aprueba buena parte de las iniciativas legislativas, mientras que el Senado tiene la última palabra en su revisión. Esta situación alimenta la percepción de que los diputados podrían terminar funcionando como una especie de mesa de partes legislativa de la Cámara Alta.

El problema no es únicamente administrativo. También es político: si el Senado puede modificar o rechazar las propuestas remitidas por los diputados, su capacidad de intervención adquiere un peso determinante en la orientación de la producción legislativa.

El Reglamento del Senado reconoce expresamente sus atribuciones para revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar las propuestas provenientes de Diputados. Por ello, la discusión sobre el equilibrio entre ambas cámaras no es secundaria: compromete la representación política y la distribución efectiva del poder parlamentario.

Dos leyes y una agenda marcada por el Ejecutivo

Durante este primer periodo, dos asuntos concentraron los resultados legislativos que llegaron a convertirse en leyes.

El primero fue la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, para legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. La Ley 32743 fue publicada el 22 de octubre y otorgó facultades por 90 días calendario.

El segundo fue el crédito suplementario aprobado mediante la Ley 32744, publicada el 2 de noviembre, que autorizó la incorporación de hasta S/ 8.228 millones para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.

La concentración del debate parlamentario en la delegación de facultades también generó tensiones entre las fuerzas políticas. La discusión consumió buena parte del tiempo de trabajo legislativo y puso en evidencia los desacuerdos sobre el procedimiento y las competencias de cada cámara.

El Senado concentra decisiones estratégicas

La nueva estructura parlamentaria también ha colocado al Senado en una posición relevante para las decisiones políticas e institucionales del país. Además de revisar las propuestas legislativas, tiene competencias relacionadas con la designación, ratificación y remoción de altos funcionarios, así como otras atribuciones constitucionales.

En ese contexto, el debate sobre la delegación de facultades mostró que la Cámara Alta no solamente interviene en la revisión de proyectos, sino que también puede convertirse en el principal espacio de negociación de asuntos prioritarios para el Gobierno.

La discusión sobre el nuevo modelo debe considerar, sin embargo, que la Cámara de Diputados conserva atribuciones importantes, especialmente en materia de fiscalización directa al Poder Ejecutivo, interpelaciones, censuras e investigaciones parlamentarias.

¿Qué justifica el costo de la bicameralidad?

A cien días de su funcionamiento, el Congreso enfrenta una pregunta que trasciende las cifras de producción legislativa: ¿está justificando ante la ciudadanía la existencia de dos cámaras parlamentarias?

El nuevo modelo fue presentado como una reforma destinada a mejorar la calidad de las leyes mediante una segunda revisión. Sin embargo, sus primeros resultados muestran demoras, dificultades de coordinación y disputas sobre las competencias institucionales. Incluso control y poder desmedido de la Cámara de Senadores como en el caso de las facultades legislativas delegadas cuando en el Cámara Baja se había determinado.

La bicameralidad no debería convertirse en un mecanismo que multiplique los procedimientos, prolongue indefinidamente los debates o diluya las responsabilidades políticas. Una segunda cámara tiene sentido cuando aporta calidad legislativa, controles efectivos y mejores decisiones para el país.

El desafío inmediato consiste en demostrar que este nuevo diseño parlamentario puede responder a las demandas ciudadanas, en lugar de convertirse en una estructura más costosa y burocrática. La población necesita resultados frente a la inseguridad, la crisis de los servicios públicos, el empleo y los problemas económicos, no solamente cientos de proyectos acumulados en los despachos parlamentarios.

La pregunta permanece abierta: si la Cámara de Diputados no consigue convertir sus iniciativas en leyes y el Senado concentra la capacidad de decisión, ¿cuál es el aporte efectivo de cada cámara al funcionamiento democrático del país?

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