Dina Boluarte y su Gabinete bajo fuego: ¿Un diálogo o una repartija política?

En un intento por asegurar el voto de confianza para el Gabinete liderado por Eduardo Arana, la presidenta Dina Boluarte y su premier han iniciado una ronda de diálogos con bancadas parlamentarias, especialmente de derecha, entre el 2 y 3 de junio de 2025. Sin embargo, estas reuniones han desatado críticas que acusan al Ejecutivo de buscar una “repartija” política para consolidar su poder, en lugar de priorizar un plan sólido contra la inseguridad y la crisis económica. Bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País asistieron a las citas en Palacio de Gobierno, pero su apoyo está condicionado a demandas específicas, lo que refuerza la percepción de negociaciones opacas.

La oposición, liderada por la Bancada Socialista, Podemos Perú y Perú Libre, ha rechazado tajantemente el diálogo, calificándolo de maniobra para comprar lealtades. La Bancada Socialista tildó a Boluarte de “usurpadora” y denunció que el Ejecutivo ofrece prebendas a cambio de votos, mientras que Podemos Perú criticó la falta de un plan claro para enfrentar la creciente criminalidad y la pobreza, que afecta al 31.4% de los peruanos según recientes encuestas. Este rechazo refleja una profunda desconfianza hacia un gobierno con solo un 7% de aprobación, que parece depender exclusivamente de alianzas con sectores ultraconservadores para sobrevivir políticamente.

Incluso entre las bancadas de derecha, las reuniones han generado escepticismo. Renovación Popular, por ejemplo, exigió medidas draconianas como la deportación de delincuentes y el control militar del orden interno, mientras que Fuerza Popular pidió neutralidad electoral para 2026, sugiriendo que el apoyo no será incondicional. Estas demandas evidencian que el Ejecutivo está dispuesto a ceder a presiones políticas para asegurar los 66 votos necesarios en el Congreso el 12 de junio, lo que críticos interpretan como una “repartija” de favores a cambio de respaldo parlamentario, en lugar de un diálogo genuino por el bien del país.

La percepción de una repartija se ve agravada por el historial de Boluarte, cuya permanencia en el poder desde diciembre de 2022 ha dependido de pactos con el fujimorismo y otros sectores conservadores. La falta de cambios significativos en el Gabinete Arana, que recicla figuras cuestionadas, y la ausencia de una hoja de ruta clara para abordar la inseguridad y la crisis económica alimentan las críticas. Para muchos, estas reuniones no son más que una estrategia para mantener un gobierno tambaleante, mientras los problemas estructurales del Perú quedan relegados a un segundo plano.

A días del voto de confianza, la ciudadanía observa con recelo un proceso que parece priorizar la supervivencia política sobre las necesidades del país. Las negociaciones con las bancadas de derecha, lejos de proyectar unidad, han expuesto las fisuras de un Ejecutivo que lucha por legitimidad. Si Boluarte y Arana logran el respaldo parlamentario, será a un costo político alto, con acusaciones de “repartija” que refuerzan la desconexión entre el gobierno y una población hastiada de promesas incumplidas. El 12 de junio será un termómetro clave para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para mantenerse en el poder.