Fiscalía allana inmuebles de Joaquín Ramírez, Pier Figari y otros cercanos a Fuerza Popular en megaoperativo por lavado de activos y fraude

La Fiscalía de Perú llevó a cabo este martes 25 de febrero un amplio operativo en el que allanó múltiples inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, y a Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular.

La medida forma parte de una investigación por presunta organización criminal, lavado de activos y fraude, relacionada con el desfalco de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y el presunto financiamiento ilícito de campañas políticas.

El megaoperativo, coordinado por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, se extendió a varias regiones del país, incluyendo Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

Entre los allanados se encuentran Joaquín Ramírez, su hermano Osías Ramírez, Pier Figari, y otras personas vinculadas al caso, como Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Maribel y Nancy Ramírez (hijas del fallecido Fidel Ramírez, exrector de la UAP), Edmond Jordán, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Harold Morales y Marcos Aponte.

Además de los allanamientos a viviendas particulares, la Fiscalía realizó diligencias en varias empresas sospechosas de estar involucradas en la red de lavado de activos. Entre estas figuran Compañía General de Combustibles S.A.C., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C. e Imporgraf S.A.C.

La investigación se centra en la presunta organización criminal liderada por Fidel Ramírez Prado, exrector de la UAP, quien habría desviado millonarias sumas de dinero de la universidad hacia empresas pantalla controladas por sus familiares. Según la Fiscalía, Joaquín Ramírez habría utilizado parte de estos fondos ilícitos para financiar campañas políticas de Fuerza Popular. Además, se investiga a Maribel y Nancy Ramírez, hijas de Fidel Ramírez, quienes habrían simulado trabajar en la UAP y creado empresas que contrataron con la misma universidad, adquiriendo bienes a precios sobrevalorados.

Un testimonio clave en el caso es el de Jesús Vásquez, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien se infiltró en la organización de los Ramírez. Vásquez declaró que Joaquín Ramírez le confesó haber lavado US$15 millones para Keiko Fujimori.

Según su relato, la operación se habría realizado a través de Edgardo Sánchez Castro, brazo derecho de Fidel Ramírez, quien habría negociado con la DEA para lavar US$20 millones mediante la creación de una filial de la UAP en Miami. «Joaquín Ramírez se enteró de la negociación y se interesó en los US$20 millones. Para ganarse mi confianza, me contó sobre los US$15 millones que lavó para Keiko Fujimori», afirmó Vásquez.

El caso tiene fuertes implicaciones políticas, ya que involucra a figuras cercanas a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y principal figura del neoliberalismo que gobierna a través de Dina Boluarte. Aunque Fujimori no ha sido mencionada directamente en la investigación, las acusaciones de lavado de activos para financiar su campaña podrían afectar su imagen y la de su partido.

La Fiscalía continúa recopilando evidencias y analizando la documentación incautada durante los allanamientos. Se espera que en las próximas semanas se presenten cargos formales contra los implicados, mientras la investigación sigue avanzando para desmantelar la presunta red criminal. Este caso representa uno de los operativos más significativos en la lucha contra la corrupción en Perú, y sus repercusiones podrían extenderse tanto en el ámbito judicial como en el político.