Fujimorismo exhibe su rostro confrontacional en el Senado durante debate por facultades legislativas

Un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, el senador Iber Maraví y otros legisladores obligó a suspender temporalmente la sesión del 10 de octubre. El incidente reavivó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori, cuestionado por su presión política para obtener facultades legislativas.

Lima, 10 de octubre de 2026.- La disputa por las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori escaló este sábado 10 de octubre a un enfrentamiento verbal en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente involucró al ministro del Interior, César Astudillo; al senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú; y a otros parlamentarios, y obligó a interrumpir temporalmente la sesión en la que se evaluaba la propuesta del Ejecutivo.

El episodio reforzó los cuestionamientos de sectores opositores sobre el comportamiento de representantes del oficialismo y sus aliados. Maraví calificó de prepotente la actuación que atribuyó al ministro y denunció un presunto intento de agresión física por parte del senador José Giampietri, de Renovación Popular. Estas últimas afirmaciones corresponden a la versión del legislador y no deben confundirse con una agresión físicamente acreditada.

El cruce comenzó con un cuestionamiento a la reforma policial

La confrontación se desencadenó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó al titular del Interior por su posición frente a la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional. La legisladora sostuvo que el ministro parecía tener miedo de reconocer esa necesidad, en el contexto de las medidas de seguridad que el Gobierno pretende implementar.

Astudillo reaccionó ante esas expresiones y reclamó que se retiraran, lo que provocó la intervención de Maraví. El senador pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que garantizara el uso de la palabra de Luque y llamara al orden al ministro. La discusión subió de tono y se extendió a otros participantes, entre ellos el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, y el senador Giampietri.

Según el relato de Maraví, el ministro lo increpó de manera descortés y se produjeron gestos y expresiones que consideró intimidatorios. El legislador también denunció que Giampietri se acercó físicamente a él en una actitud que interpretó como una amenaza. El incidente llevó a suspender la sesión durante varios minutos; posteriormente, el debate fue retomado. La controversia quedó marcada por versiones enfrentadas sobre las responsabilidades de los participantes.

Fujimori respalda al ministro tras el incidente

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a Astudillo tras el altercado en el Senado. Su pronunciamiento trasladó la controversia al terreno político nacional y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus críticos, que cuestionan tanto el tono de sus declaraciones como la forma en que sus representantes afrontan las discrepancias institucionales.

Para los sectores opositores, el incidente refleja una preocupante escalada de confrontación en un debate que debería concentrarse en la seguridad ciudadana, la reforma policial y la prevención del fenómeno El Niño. Las acusaciones de prepotencia y actitud matonesca forman parte de esa crítica política; su evaluación requiere distinguir los hechos observables, las declaraciones de cada participante y las responsabilidades que puedan establecerse.

De la “paciencia democrática” al enfrentamiento parlamentario

El episodio del Senado se suma a la controversia iniciada el 29 de septiembre, cuando Fujimori afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia”. La mandataria defendió la urgencia de las medidas contra la delincuencia y sostuvo que su Gobierno actuaría “nos otorguen o no nos otorguen facultades”. También aseguró que “el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

El premier Luis Galarreta había señalado que el Ejecutivo mantuvo “paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento” y pidió a las bancadas reconsiderar su posición. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que ese lenguaje podía interpretarse como presión sobre el Legislativo para acelerar la aprobación de la delegación solicitada.

El Congreso recortó el pedido de 66 a 20 medidas

A finales de agosto, el Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 medidas distribuidas en materias como seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo, tributación, desarrollo productivo y vivienda. La amplitud de la propuesta generó resistencias parlamentarias, incluido un predictamen que recomendaba archivar el pedido completo.

Después de una sesión de más de 12 horas, el 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida: 20 medidas, circunscritas a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La votación final fue de 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Ejecutivo buscaba recuperar parte de las atribuciones excluidas.

La Comisión de Constitución del Senado continuó el análisis el 10 de octubre, pero el altercado entre ministros y legisladores desplazó momentáneamente la discusión de sus aspectos técnicos hacia una confrontación política. Al cierre de la jornada, la comisión anunció que retomaría el debate el miércoles 14 de octubre, por lo que la delegación de facultades todavía no tenía una decisión definitiva del Senado.

La disputa pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

El Gobierno de Fujimori enfrenta así dos desafíos simultáneos: obtener respaldo parlamentario para sus medidas de seguridad y contener una confrontación política que amenaza con desviar el debate de sus objetivos declarados. La delegación de facultades no constituye una autorización irrestricta para gobernar por decreto: su alcance depende de la aprobación legislativa y de los límites que establezca el Congreso.

Las críticas sobre una supuesta pérdida de la “careta democrática” expresan la interpretación de los sectores que consideran que el Ejecutivo pasó de invocar la paciencia institucional a ejercer presión pública y confrontarse con sus críticos. No obstante, el incidente del Senado, por sí solo, no demuestra una ruptura del orden constitucional; sí evidencia una escalada de tensión que exige explicaciones, respeto por las reglas parlamentarias y responsabilidad de todos los participantes.

El desenlace dependerá de la discusión que continúe en el Senado y de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sin recurrir a intimidaciones ni descalificaciones. Mientras el Ejecutivo reclama herramientas para enfrentar la criminalidad, la controversia deja una pregunta central: ¿podrá el Gobierno demostrar que su defensa de la seguridad ciudadana es compatible con el respeto a la deliberación democrática?