Denuncia Constitucional Sacude a la Defensoría del Pueblo: Josué Gutiérrez en la Mira por Nombramiento Ilegal

Lima, 4 de junio de 2025 – La Fiscalía de la Nación ha presentado una grave denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, ante el Congreso de la República, acusándolo de un presunto delito de nombramiento ilegal de cargo en agravio del Estado.

Este escándalo pone en entredicho la integridad de una institución que debería ser baluarte de la defensa de los derechos ciudadanos, pero que ahora se ve envuelta en cuestionamientos por actos que rayan en la arbitrariedad.

Según la acusación, Gutiérrez habría designado de manera irregular a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II en La Libertad, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo. La maniobra, respaldada por funcionarios administrativos de la Defensoría, no solo vulnera la normativa vigente, sino que pone en tela de juicio la transparencia y el compromiso ético del Defensor del Pueblo, cuya función es garantizar la justicia y la legalidad en el país.

Este no es un hecho aislado. La gestión de Gutiérrez ha sido objeto de críticas por su aparente falta de rigor en la administración de una institución clave para la democracia peruana. Nombramientos cuestionables y decisiones que parecen priorizar intereses particulares sobre el bien común han generado un creciente malestar entre la ciudadanía y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La denuncia constitucional, amparada en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, podría derivar en la suspensión, destitución o incluso inhabilitación de Gutiérrez por hasta diez años, una sanción que muchos consideran necesaria para restaurar la credibilidad de la Defensoría.

Mientras el Congreso inicia el trámite de esta acusación, la opinión pública exige respuestas claras. ¿Cómo es posible que el Defensor del Pueblo, encargado de velar por la legalidad, incurra en actos que atentan contra ella? La sombra de la irregularidad se cierne sobre Gutiérrez, y su permanencia en el cargo dependerá de la celeridad y transparencia con la que el legislativo aborde este caso. Los peruanos merecen una Defensoría del Pueblo que esté a la altura de su mandato, no una institución manchada por la negligencia y el abuso de poder.