Tensión en Cusco: Víctimas de la Represión Exigen Justicia y Retiro de Congresistas en Audiencia Pública

Cusco, Perú, 30 de mayo de 2025 — La IV Audiencia Pública de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, realizada en la ciudad de Cusco, concluyó en un clima de alta tensión debido a enfrentamientos verbales entre congresistas y familiares de víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.

La audiencia, convocada para recoger testimonios y propuestas ciudadanas en materia de justicia y derechos humanos, fue interrumpida por intervenciones airadas de activistas y deudos que exigieron respuestas claras sobre la falta de justicia en los casos de represión estatal. Algunos participantes increparon a los legisladores por el escaso avance en las investigaciones sobre las más de 50 muertes ocurridas durante las movilizaciones que estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Cusco fue uno de los epicentros de las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una nueva constitución. El 11 de enero de 2023, enfrentamientos cerca del aeropuerto Alejandro Velasco Astete dejaron al menos 22 heridos, incluidos casos de impacto por armas de fuego y perdigones.

Durante la audiencia, familiares de las víctimas expresaron su indignación por la impunidad y acusaron al Congreso de actuar con indiferencia frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en el sur andino. “Venir aquí sin ofrecer justicia es una falta de respeto a nuestro duelo”, expresó una madre entre lágrimas, según registros difundidos en redes sociales.

Aunque las plataformas digitales han restringido parte del material audiovisual del evento, publicaciones en redes sociales y testimonios de asistentes confirman que los ánimos se caldearon cuando los congresistas evitaron comprometerse con acciones concretas, como la reapertura de investigaciones o el impulso a reformas que garanticen verdad, justicia y reparación.

Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Aprodeh han denunciado al gobierno peruano ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, en base al uso excesivo y sistemático de la fuerza durante las manifestaciones. Además, casos como la condena a jóvenes quechuahablantes de Cuyo Grande, sentenciados a entre 6 y 7 años de prisión por participar en las protestas, siguen generando rechazo en la región.

“El pueblo de Cusco no olvida ni perdona. Esta audiencia debía ser un espacio para escuchar y reparar, no para silenciar ni minimizar el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos”, escribió un activista local en redes sociales, reflejando el sentir de muchas familias presentes.

Hasta el momento, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los altercados. El incidente pone de manifiesto la persistente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, así como la urgencia de un proceso de justicia transicional que responda a las heridas abiertas desde fines de 2022.