Dos huelgas generales frenan reforma laboral neoliberal del gobierno derechista de Portugal

Portugal, 19 de junio 2026.- Tras casi once meses de movilizaciones y dos huelgas generales de alcance nacional, el movimiento sindical portugués logró obligar al gobierno de centroderecha de Luís Montenegro a modificar aspectos clave de una polémica reforma laboral que, según los sindicatos, amenazaba derechos conquistados por los trabajadores durante décadas. La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), encabezada por Tiago Oliveira, lideró la resistencia contra el proyecto conocido como Trabalho XXI.

La propuesta gubernamental contemplaba cambios en más de un centenar de artículos del Código Laboral portugués. Entre las medidas más cuestionadas figuraban la ampliación de los contratos temporales, mayores facilidades para la subcontratación, la flexibilización de horarios de trabajo, mecanismos para simplificar despidos en determinadas empresas y modificaciones en la negociación colectiva. Las organizaciones sindicales denunciaron que la iniciativa incrementaría la precariedad laboral y reduciría la protección de millones de trabajadores.

La primera gran respuesta llegó el 11 de diciembre de 2025, cuando Portugal vivió su primera huelga general en más de una década. La paralización afectó el transporte ferroviario, el metro de Lisboa, hospitales, escuelas, aeropuertos y numerosos servicios públicos. La magnitud de la protesta obligó al Ejecutivo a abrir una ronda de negociaciones y revisar algunos de los puntos más controvertidos de la reforma.

Sin embargo, al mantenerse gran parte del proyecto, la CGTP convocó una segunda huelga general el 3 de junio de 2026. La movilización volvió a impactar severamente la actividad económica del país. Cientos de vuelos fueron cancelados, el sistema ferroviario operó con servicios mínimos y numerosas instituciones educativas y sanitarias redujeron sus actividades. Los sindicatos calificaron la protesta como una demostración histórica de unidad y capacidad de movilización de la clase trabajadora portuguesa.

Como resultado de la presión social, el gobierno se vio obligado a retirar o reformular algunas de las medidas más cuestionadas, especialmente aquellas relacionadas con la flexibilización de despidos y la ampliación de modalidades laborales consideradas precarias. Los sindicatos sostienen que las movilizaciones evitaron un retroceso significativo en materia de estabilidad laboral, negociación colectiva y protección de los trabajadores jóvenes, uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral portugués.

Para la CGTP, el proceso constituye una importante victoria sindical, ya que logró trasladar el debate laboral al centro de la agenda política nacional y forzó al Ejecutivo a negociar aspectos que inicialmente consideraba inamovibles. Aunque la reforma no ha sido retirada por completo, su implementación enfrenta ahora mayores obstáculos políticos y una fuerte resistencia social.

El futuro del proyecto laboral permanece abierto. Mientras el gobierno y sectores empresariales buscan consensos para impulsar una nueva versión de la reforma, las centrales sindicales han advertido que mantendrán la movilización hasta garantizar que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Las huelgas de 2025 y 2026 ya son consideradas entre las mayores expresiones de fuerza del movimiento sindical portugués desde la crisis económica europea de la década pasada.