Gobierno en la mira por corrupción y encubrimiento de proveedor de Qali Warma

El programa de alimentación escolar Qali Warma, institución clave en la mejora de la nutrición de miles de niños en todo el Perú, enfrenta uno de sus mayores escándalos de corrupción. Recientes revelaciones involucran directamente a la empresa proveedora FrigoInca, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno y al propio gobierno de Dina Boluarte. El caso ha sacudido la opinión pública y puesto en entredicho la gestión del programa que debe garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas del país, pero no lo estaba haciendo.

El detonante fue la intoxicación de más de 20 escolares en la provincia de San Román, Puno, quienes, tras consumir conservas de pollo distribuidas por Qali Warma, terminaron hospitalizados. Las primeras investigaciones apuntaban a un mal manejo de agua, pero un reportaje del programa televisivo Punto Final sacó a la luz que funcionarios de la DIRESA recibieron sobornos para encubrir a FrigoInca, la empresa detrás de los productos contaminados. Ronald Loza, un alto funcionario de Salud, habría recibido 4,000 soles para desviar la responsabilidad del caso, culpando al agua en lugar de los alimentos en mal estado.

El gobierno de Boluarte se ve implicado no solo por este hecho puntual, sino por un entramado que parece haberse gestado desde su época como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Durante su mandato en dicho ministerio, la empresa FrigoInca comenzó a expandirse a nivel nacional a través de Qali Warma, levantando sospechas de negociaciones incompatibles.

El Poder Judicial ha iniciado una investigación preliminar sobre Boluarte por seis contratos firmados en 2022, que habrían beneficiado al «Consorcio Puma SAC», en circunstancias poco claras. En paralelo, la Fiscalía ha abierto diligencias contra varios implicados, incluyendo a funcionarios que, según las investigaciones, habrían favorecido a FrigoInca a cambio de coimas.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, antiguo viceministro de Boluarte, ha intentado desmarcarse del escándalo, señalando a la DIRESA de Puno y a FrigoInca como responsables principales del encubrimiento y mala calidad de los alimentos. Sin embargo, su cercanía con la presidenta ha levantado sospechas sobre la independencia de su gestión en el manejo del caso. A pesar de las denuncias, Demartini ha anunciado medidas contra la empresa y los trabajadores implicados, incluyendo la separación de tres empleados de Qali Warma, aunque las acciones parecen más reactivas que preventivas.

Lo preocupante es que, a pesar de las pruebas contundentes, las autoridades implicadas han optado por «lavarse las manos». El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Puno han emitido comunicados negando su participación en los hechos, y Qali Warma ha minimizado su responsabilidad, trasladándola a las autoridades sanitarias locales. En este contexto, los padres de familia han manifestado su indignación, reportando que, en lugar de soluciones, se les ha amenazado con retirar las raciones de alimentos si continúan denunciando las irregularidades.

El caso ha puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno de Boluarte para combatir la corrupción en sus propias filas. Las redes de complicidad entre funcionarios del Estado y empresas proveedoras están más presentes que nunca. Mientras tanto, las víctimas directas siguen siendo los niños afectados, cuyo derecho a una alimentación segura y de calidad ha sido vulnerado. Las autoridades judiciales tendrán la tarea de esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables, incluidos los de más alto nivel, para evitar que el encubrimiento y la corrupción sigan perpetuándose bajo la sombra de la impunidad.

Fuente: Webs y redes de noticias