Pobladores de Alto Huallaga expulsan a Minera Huallaga por contaminación y daños ambientales

La lucha por la supervivencia de los ecosistemas y la salud de miles de personas en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, dio un giro drástico esta semana, cuando los pobladores de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo decidieron tomar la justicia en sus propias manos ante la inacción del Estado. En un acto de desesperación y cansados de las promesas incumplidas de las autoridades, los habitantes de estos distritos expulsaron a los trabajadores y maquinarias de la minera Huallaga SAC, acusada de causar graves daños a la flora, fauna y las fuentes de agua en la región.

Durante dos noches consecutivas, la población se autoconvocó y se dirigió hacia las cuencas de los ríos Almendra y Libertad, donde la minera operaba de manera ilegal, extrayendo oro a gran escala. En una de las intervenciones, los vecinos lograron que las retroexcavadoras abandonaran la zona, escoltando las maquinarias hasta la Carretera Marginal. Los pobladores, visiblemente indignados, advirtieron que no tolerarán el regreso de la minera, que ya había sido objeto de una intervención fiscal en 2023, pero que de manera desafiante, había reanudado sus actividades con los mismos equipos. Como podemos ver a los pobladores de Santo Domingo de Anda, Sector Árabe y aledaños en el siguiente link https://acortar.link/nEIPCh publicado por Radio Luz de Aucayacu.

El conflicto se ha intensificado debido a la continua destrucción de los recursos naturales de la región. Según los denunciantes, las actividades mineras han alterado el cauce de los ríos, contaminando el agua con mercurio y poniendo en grave peligro la vida de miles de personas que dependen de estos recursos. En particular, los agricultores, pescadores y las comunidades locales se enfrentan a una crisis ecológica que amenaza no solo sus medios de vida, sino su salud.

La minería ilegal y la falta de control estatal han devastado los cultivos agrícolas que son el sustento de estas comunidades. Cacao, plátano, arroz y café – productos vitales para la economía local – se han visto gravemente afectados por la contaminación del agua y el desvío de los ríos. Elena Encarnación, agricultora de la zona, denuncia: “Nos roban el agua y la vida. La minería está destruyendo nuestras cosechas y, con ellas, nuestras familias”.

El daño no solo es ambiental, sino también social y económico. En Pueblo Nuevo, las concesiones mineras se otorgan sin consulta previa a la población, violando principios básicos de participación comunitaria y afectando a los agricultores que luchan por mantener sus tierras productivas. Carlos Álvarez, poblador de la zona, asegura que la situación es crítica: «Nos están quitando el agua, nos están matando», refiriéndose a la contaminación de los cuerpos de agua con mercurio, un veneno utilizado en la minería aurífera que amenaza no solo la salud humana, sino también los ecosistemas acuáticos.

Los piscicultores tampoco son ajenos a esta tragedia. Jhon Pullido, gerente de una empresa piscícola en el sector de Villasol de Arabe, denuncia cómo los desvíos de los ríos han afectado gravemente la producción de peces. “Nuestros ríos se están secando, y la gente está perdiendo todo. Este es un alimento vital para las familias, y la minería está acabando con eso”, señala.

La situación en Alto Huallaga es la consecuencia de años de desregulación, indiferencia estatal y de la creciente expansión de la minería sin ningún control ambiental efectivo. En 2023, la Fiscalía de la provincia de Leoncio Prado intervino las maquinarias de la Minera Huallaga debido a la destrucción del ecosistema, pero a pesar de las promesas de no devolverlas a la empresa, los equipos fueron regresados meses después. Esta descoordinación entre las autoridades y la falta de sanciones efectivas han permitido que la minera continúe con sus operaciones destructivas.

El año 2024 ha sido el de la gota que colmó el vaso. En medio de la crisis ambiental, el Consorcio Río Huallaga, una iniciativa pública privada, ha presentado un proyecto para la defensa ribereña del río Huallaga y el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Tingo María, lo que podría ser un intento tardío de mitigar los daños en la región. Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas serán suficientes o si, al igual que las intervenciones fiscales, se quedarán en el papel mientras las comunidades siguen sufriendo.

La lucha de los pobladores de Alto Huallaga es un llamado de alerta. La minería ilegal, sumada a la falta de regulación y la indiferencia de las autoridades, está destruyendo no solo la naturaleza, sino también la vida de miles de peruanos. ¿Cuánto más tendrán que esperar estas comunidades para que sus voces sean escuchadas? ¿Hasta cuándo el oro seguirá arrasando con el futuro de las familias en Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo? El tiempo corre, y el grito de auxilio sigue sin respuesta.